El Gobierno argentino rechazó este miércoles la decisión de Irán de designar a la Armada Argentina y a la Fuerza Aérea Argentina como “organizaciones terroristas”. A través de un comunicado de Cancillería, la gestión de Javier Milei afirmó que la medida “carece de todo fundamento y constituye una acusación inadmisible” contra instituciones legítimamente constituidas y le exigió a Teherán que coopere plenamente con la Justicia argentina.
La respuesta llegó poco después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní anunciara la designación como represalia por la inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica en el registro argentino de organizaciones terroristas. El anuncio de Teherán, que se conoció mientras el papa León XIV cerraba su visita al país con un mensaje de concordia y paz, terminó con una advertencia: “El gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias de esto”.
“Instituciones subordinadas a la Constitución”
En su comunicado, Cancillería defendió a las dos fuerzas como instituciones subordinadas a la Constitución Nacional y dedicadas a la defensa de la soberanía. Remarcó además que cumplen sus funciones con estricto respeto a las leyes nacionales, al derecho internacional, a los tratados y acuerdos firmados por el país y a la soberanía de los Estados.
El Gobierno también llevó la discusión al terreno judicial y recordó que la Justicia argentina atribuyó a la República Islámica de Irán la responsabilidad por los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994. Según el texto oficial, Irán sigue sin cooperar con los tribunales argentinos, no cumple las órdenes internacionales de detención vigentes y designó en cargos de alta responsabilidad a personas requeridas por la Justicia. “Tres décadas después, los acusados no han comparecido ante la justicia argentina”, señaló.
Bullrich y Petri: “Marca de qué lado estamos”
La respuesta oficial fue acompañada por dirigentes del oficialismo. La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta y exministra de Seguridad, interpretó la medida como una confirmación de la posición internacional del país: “Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos”. También acusó al régimen iraní de negarle libertades a su pueblo, de cometer dos atentados en la Argentina, de causar más de 35.000 muertes en la represión de protestas a principios de este año y de ejecutar a 1.700 mujeres, además de perseguir a homosexuales y manifestantes.
El diputado Luis Petri aseguró que la Argentina no se dejará intimidar por “un Estado terrorista que perpetró atentados en la AMIA y en la Embajada de Israel” y prometió seguir buscando justicia y condenando a Irán y a sus grupos aliados. “Frente al terrorismo, no se puede ser neutral, porque la neutralidad es complicidad”, afirmó. También defendió a las Fuerzas Armadas como “fuerzas democráticas y de paz”.
Qué dice la medida iraní
La resolución de Teherán invoca el “principio de reciprocidad” y se basa en una ley iraní de 2019 que habilita represalias contra los Estados que respalden la calificación de Estados Unidos sobre el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como entidad terrorista. Según el texto oficial, la Armada y la Fuerza Aérea argentinas “están sujetas a las disposiciones de la citada ley”.
El comunicado no detalló qué acciones concretas podrían derivarse de la designación, más allá de la advertencia general sobre las “consecuencias”. El mecanismo ya había sido aplicado a principios de noviembre contra el Reino Unido, cuando Irán declaró terroristas a la Armada Real y a la Fuerza Aérea Real británicas y calificó como grupo hostil al servicio de inteligencia MI6.
Una tensión que viene de meses
El origen inmediato del conflicto es la decisión que tomó el Gobierno argentino a fines de marzo, cuando incorporó a la Guardia Revolucionaria al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Para hacerlo, la Casa Rosada se apoyó en informes oficiales sobre actividades ilícitas transnacionales, incluidos actos de terrorismo en suelo argentino. Se refería a los ataques contra la Embajada de Israel, que dejó 29 muertos, y contra la AMIA, con 85 víctimas fatales y más de 300 heridos. Ambos casos siguen impunes, y la Justicia atribuyó responsabilidades a Irán y al grupo libanés Hezbollah.
Antes, en enero, el país había sumado al mismo registro a la Fuerza Quds, el brazo exterior de la Guardia Revolucionaria, y el canciller Pablo Quirno advirtió que la Argentina “no va a ser neutral ante el terrorismo de Irán”. Más tarde, ante las Naciones Unidas, condenó el cierre del estrecho de Ormuz. En abril, la Argentina expulsó al encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, y le dio 48 horas para dejar el país.
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