El 28 de marzo de 2025, personal de la Gendarmería Nacional detuvo un vehículo en la ruta nacional 11 a la altura del paraje El Timbó. Al revisarlo, encontraron más de 357 millones de pesos escondidos detrás del compartimento del tablero, el sistema aire acondicionado, la zona del volante, la gaveta y la palanca de cambios.
Un año después de este suceso, la Justicia federal formalizó la investigación contra cuatro personas acusadas de lavado de activos e intermediación financiera no autorizada. Ellas son: el conductor de la Toyota Corolla Cross en la que iba escondido el dinero, dos accionistas de una empresa de Chaco (desde donde partió la camioneta) y un cuarto sospechoso.
A los sospechosos se les atribuyó, al menos entre 2024 y 2025, y de manera continua en un número indeterminado de operaciones, la compraventa de dólares y euros sin autorización, bajo la fachada de la empresa y con el objetivo de insertar posteriormente ese dinero en el circuito legal. Según el Ministerio Público Fiscal, el traslado de ese monto de efectivo no fue un hecho ocasional ni improvisado, sino parte de un esquema sostenido y coordinado.
El mes pasado se realizó un allanamiento en la sede de la firma bajo sospecha, donde se secuestraron 8 millones de pesos, dos máquinas contadoras de billetes con detector, seis llaves de distintos vehículos y talonarios de recibos y pagarés, tanto en pesos como en dólares estadounidenses. La fiscalía halló todos esos elementos compatibles con una actividad de intermediación financiera no autorizada.
También apareció un documento titulado “autorización para el uso de automóvil y administración de dinero”, que contaba con certificación notarial del 20 de marzo de 2025. Ese papel habilitaba al conductor a trasladar hasta 800 millones de pesos.
En este contexto, el juez federal de Garantías de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, ordenó un embargo cautelar por 2.000 millones de pesos sobre los involucrados mientras avanza la investigación.
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