Fernando Sebastián «Narigón» Vázquez (45), recientemente imputado como uno de los presuntos sicarios que en noviembre de 2024 mató a Andrés «Pillín» Bracamonte y Daniel Raúl «Rana» Attardo —número uno y dos de la barra brava de Rosario Central, respectivamente—, fue procesado con prisión preventiva por la Justicia federal en una causa por narcotráfico. La decisión se debe a que pesaba sobre él un pedido de captura desde hacía ocho años, en el marco de una investigación en la que está señalado como proveedor de cocaína a una estructura vinculada a Los Monos.
La resolución pertenece al juez Carlos Vera Barros y fue informada este lunes. Como la causa data de 2018 y corresponde al viejo sistema procesal, la acusación estuvo a cargo del juzgado que actuó en sintonía con lo requerido por la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal federal Federico Reynares Solari.
Vera Barros consideró acreditado, con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal, que Vázquez ocupaba una posición de conducción dentro de una estructura narcocriminal dedicada al tráfico de estupefacientes, bajo la modalidad de tenencia con fines de almacenamiento, distribución y comercialización. También fundamentó la prisión preventiva en el riesgo de fuga, evidenciado por los ocho años en los que el acusado permaneció prófugo en esta causa federal.
Vázquez fue detenido el 16 de junio pasado, en un operativo realizado por la Tropa de Operaciones Especiales en una vivienda de Libertad al 200, en Villa Gobernador Gálvez. El 1° de julio fue imputado por los fiscales provinciales Patricio Saldutti, Agustina Eiris e Ignacio Hueso por haber sido uno de los dos presuntos sicarios que asesinaron a Bracamonte y Attardo en Avellaneda y Reconquista, tras un partido en el que Central perdió 1 a 0 ante San Lorenzo.
La causa federal por la que ahora fue procesado «Narigón» se inició, en parte, a raíz de la muerte de dos jóvenes que consumieron drogas de diseño en una fiesta electrónica realizada el 1° de enero de 2017 en el predio Punta Stage, de Arroyo Seco.
Según datos publicados por el sitio Fiscales, un hombre identificado como Jerónimo S. fue señalado como responsable de ingresar drogas a ese evento. Esa persona, a su vez, estaba sindicada por tener puntos de venta de estupefacientes en el macrocentro de Rosario y por manejar una «cocina» para estirar las sustancias en Oroño y Saavedra.
Varias de las medidas por las que la Justicia federal avanzó contra Vázquez habían sido solicitadas por el entonces titular de la Fiscalía Federal N°2 de Rosario, Claudio Kishimoto, quien dispuso tareas de investigación a cargo de la División Antidrogas local de la Policía Federal.
A partir de vigilancias e intervenciones telefónicas realizadas por los policías federales, fue posible reconstruir una red de comercialización de estupefacientes y vincular a distintos vendedores minoristas con una estructura mayorista de provisión de cocaína operada por «Narigón» Vázquez.
Según la investigación, la organización funcionaba a través de dos células principales: una encabezada por Cristian Mario «Negro» González, con actividad en la zona de Villa Moreno y vinculada a Los Monos, y otra liderada por Vázquez, cuya función era abastecer como proveedor mayorista de cocaína a la banda de González.
De acuerdo con la resolución judicial, Vázquez coordinaba el acondicionamiento, acopio, distribución y comercialización de la droga, y ostentaba una posición de superioridad jerárquica que le permitía impartir directivas, administrar recursos y fijar precios dentro de la organización.
Entre los elementos valorados por la Justicia figura un episodio ocurrido el 9 de junio de 2018, cuando fuerzas de seguridad observaron una transacción de estupefacientes en la vía pública. Según la investigación, un proveedor entregó a Vázquez dos kilogramos de cocaína compactada en inmediaciones de las calles Ferreyra y Juan B. Justo, en Arroyito. A cambio, Vázquez pagó 120.000 pesos en efectivo. Al advertir la presencia de la PFA, el ahora procesado logró escapar, mientras que su pareja y el proveedor fueron detenidos.
Otras evidencias incorporadas a la causa motivaron medidas inmediatas que derivaron en la detención de varias personas. En febrero de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario condenó a doce miembros de la estructura, entre ellos a González, quien recibió una pena de 18 años de prisión, fallo que fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal en marzo de 2023.
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