El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, declara en la causa que investiga el manejo de fondos del organismo, dando inicio a la ronda de indagatorias. En total, hay 34 imputados por presuntas maniobras de corrupción que involucran cifras millonarias y un entramado de funcionarios y empresarios.
Las indagatorias continúan con quien fuera el segundo a cargo de la ANDIS, Daniel María Garbellini. El cronograma prevé que Miguel Ángel Calvete declare hoy y Andrés Horacio Arnaudo, mañana.
“Se habría implementado un sistema de compulsas de precios direccionadas y cartelizadas, mediante la convocatoria reiterada de un conjunto reducido de firmas vinculadas entre sí y con funcionarios del organismo. Simulaban competir entre ellas cuando, en realidad, actuaban de manera coordinada para asegurar adjudicaciones previamente acordadas”, señala la resolución del juez federal Ariel Lijo, quien ordenó las citaciones.
El magistrado también decretó la inhibición general de bienes de las personas y empresas involucradas. “Las hipótesis delictivas investigadas permiten advertir la posibilidad de maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos u objeto de posibles delitos y, por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado”, sostuvo.
Aunque la causa ya contaba con varios procesados desde febrero, en los últimos meses avanzó sobre un segundo circuito de desvíos dentro de la ANDIS. Según el fiscal federal Franco Picardi y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, se detectaron más de $75 mil millones devengados “en favor de un reducido grupo empresarial”.
“Se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo. Maniobras que implicaron la erogación de aproximadamente $75.478.149.019 provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial”, sostuvo Picardi en su pedido de indagatoria.
En la causa se investigan una serie de maniobras ilícitas que se habrían desarrollado, en principio, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, período en el que el organismo dependía del Ministerio de Salud de la Nación. “Durante ese lapso, distintas acciones de corrupción fueron posibles gracias a acuerdos indebidos entre funcionarios de la ANDIS y actores del ámbito privado vinculados con droguerías y proveedores de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI)”, explicaron los fiscales en su dictamen.
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