La presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, utilizó la lucha contra la inseguridad en Rosario para defender el proyecto de tierras que se debate en el Congreso. En un llamativo paralelismo, sostuvo que la «fortaleza del Estado» debe garantizar el cumplimiento de la soberanía, tal como —según ella— ocurrió en Rosario, ciudad donde «regía la ley narco».
«Es ridículo pensar que si un extranjero tiene dos fábricas se está llevando la soberanía del país. La propiedad cambia de dueño, no la soberanía», afirmó en una conferencia de prensa realizada en el Salón de las Provincias de la Cámara alta, a menos de 48 horas del inicio de la sesión en la que se retomará el debate.
En esa misma línea, sostuvo que el Estado debe hacerse fuerte y volvió a citar el caso de Rosario: «La fortaleza de un Estado debe hacer cumplir la ley. Por eso digo que en Rosario perdimos soberanía y ahora la recuperamos, antes la ley narco regía».
El pronóstico de Bullrich
La jefa libertaria ratificó que el dictamen final del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada incluirá un tope del 25% a la extranjerización de tierras a nivel nacional, diez puntos porcentuales más que lo que establece la normativa vigente.
Más allá de las concesiones realizadas a sectores de la oposición, las cuentas para el oficialismo siguen siendo muy ajustadas, algo que la propia Bullrich dejó entrever al ser consultada por las perspectivas de la votación: «Se gana por un voto», respondió. Previamente, la senadora había reconocido que, «por pedido de la oposición constructiva, se puso un límite razonable» a la extranjerización de tierras, similar al que rige en Brasil.
Asimismo, la última versión del proyecto (la número 16) incorporó el criterio de doble conforme para la venta de tierras a extranjeros en zonas de seguridad de fronteras, exigiendo que tanto la provincia como un alto funcionario nacional aprueben la operación inmobiliaria.
Bullrich también confirmó que se eliminará el tope de 1.000 hectáreas transferibles a manos extranjeras en la zona núcleo, vigente en la normativa actual —que la exministra denominó «ley Máximo Kirchner», pese a que este no era legislador ni funcionario al momento de su sanción, a fines de 2011—. «El resultado fue que bajó el precio de la tierra», aseguró.
«Sacamos el límite de municipalidad, de departamento y de provincia porque es ridículo», agregó la legisladora, en referencia al tope del 15% que impone la ley vigente. Finalmente, aclaró que, con el nuevo dictamen, «los Estados extranjeros no pueden comprar un metro de tierras rurales en la Argentina».
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