En un operativo de gran alcance coordinado por el Centro de Operaciones Antidrogas “Tucumán”, las fuerzas federales lograron desarticular una sofisticada organización narcocriminal dedicada al tráfico de cocaína. La banda, integrada por ciudadanos de nacionalidad boliviana radicados en el país, utilizaba una modalidad recurrente para evadir a la justicia: ocultar el estupefaciente en los tanques de combustible y viajar con bebés para pasar desapercibidos en las rutas.
La pesquisa, que se extendió por un año y diez meses, permitió reconstruir la ruta delictiva. La organización adquiría mercadería de contrabando y estupefacientes en las zonas fronterizas de Aguas Blancas y Salvador Mazza, en Salta. Una vez cargada la droga, los vehículos se trasladaban a Tucumán, desde donde se coordinaba la distribución hacia distintos puntos estratégicos del país.
Para asegurar el éxito de los traslados, la banda empleaba vehículos «punteros» que alertaban sobre la presencia de controles policiales. Sin embargo, el rasgo más distintivo era el uso de madres con sus hijos lactantes como acompañantes, una táctica diseñada para evitar requisas exhaustivas por parte de las fuerzas de seguridad.
El último eslabón de la investigación se concretó con el registro de nueve inmuebles ubicados en la ciudad de Rosario y en la provincia de Tucumán. En estos operativos, los efectivos lograron:
La detención de un miembro clave, sumando un total de ocho detenidos en toda la causa.
El secuestro de $2.161.000 pesos argentinos y moneda boliviana.
Incautación de activos: seis automóviles, balanzas de precisión, 17 teléfonos celulares y un tanque de combustible acondicionado para el transporte.
El éxito del operativo fue resultado del trabajo conjunto entre la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NOA, el Ministerio Público Fiscal y los Juzgados Federales de Salta y Santa Fe. En los procedimientos también colaboraron la Unidad de Investigaciones Antidrogas “Salta” y otras divisiones de Gendarmería.
Los detenidos y el material secuestrado quedaron a disposición de la justicia federal, mientras se analizan los dispositivos móviles para determinar posibles ramificaciones de la red en otras provincias.
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