El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil. El cambio más trascendental de esta reforma es la reducción de la edad de imputabilidad, que pasa de los 16 a los 14 años, permitiendo que adolescentes de esa franja etaria sean juzgados y condenados por delitos tipificados en el Código Penal.
La iniciativa fue aprobada en el Senado durante las sesiones extraordinarias del pasado 27 de febrero, con 44 votos a favor y 27 en contra. Con este resultado, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) consolidó un triunfo legislativo clave tras una intensa negociación con los bloques de la UCR y el PRO, quienes condicionaron su apoyo a que el piso de imputabilidad se fijara en 14 años y no en 13, como pretendía originalmente el proyecto del Ejecutivo.
A diferencia del régimen de adultos, la nueva ley introduce un esquema de penas graduadas diseñado para evitar que los menores reciban el mismo tratamiento que un mayor de edad:
Límites estrictos: Se prohíbe la aplicación de la prisión perpetua. El tope máximo de reclusión para delitos graves (homicidios, secuestros o robos con armas) será de 15 años.
Reducción de condenas: Para los jóvenes de 14 años, las escalas penales se reducen a la mitad; para los de 15 años, la reducción es de un tercio.
Delitos menores: Aquellos delitos con penas inferiores a 3 años no implicarán la privación de la libertad.
a reforma pone el foco en la reinserción social. Para delitos con penas menores a 10 años que no incluyan muertes o lesiones gravísimas, se priorizarán:
Servicios a la comunidad.
Dispositivos de monitoreo electrónico.
Mediación penal entre el joven y la víctima.
Asimismo, la ley garantiza que los menores no podrán convivir con presos adultos. Para ello, se prevé la creación de centros especializados con personal capacitado en niñez y adolescencia, garantizando el acceso a la educación, la salud y el tratamiento de adicciones.
Con esta modificación, Argentina alinea su legislación con la de países como Chile, Colombia, Paraguay y Perú, que ya tienen fijada la imputabilidad en los 14 años. Otros países de la región, como Brasil y Uruguay, mantienen un piso de 12 años para la aplicación de medidas socioeducativas.
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