La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una ampliación de denuncia penal en la causa que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y acusó a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino de integrar una presunta “asociación ilícita fiscal” que habría operado mediante la utilización sistemática de facturación apócrifa para ocultar el destino final de fondos y evadir impuestos por casi 300 millones de pesos.
Esta ampliación fue presentada luego de una serie de fiscalizaciones y cruces de información bancaria sobre operaciones económicas vinculadas principalmente al predio de Ezeiza. La investigación detectó pagos efectuados por la AFA a una red de empresas que presentaban irregularidades estructurales y características típicas de usinas de facturación: sociedades sin empleados registrados, sin maquinaria, sin capacidad financiera compatible con los montos facturados y con domicilios inexistentes o abandonados. También menciona la detección de estructuras societarias conectadas entre sí mediante socios repetidos y cambios abruptos de actividad comercial.
ARCA sostiene que la AFA desplegó “un ardid tendiente a encubrir los verdaderos destinatarios del dinero” y afirma que las operaciones detectadas presentan “indicios graves, precisos y concordantes” compatibles con un esquema de evasión tributaria agravada mediante utilización de facturación apócrifa.
El escrito identifica a Tapia, en su carácter de presidente de la AFA, y a Toviggino, tesorero de la entidad y uno de los dirigentes más cercanos al titular de la asociación, como parte de la estructura investigada. También aparecen mencionados el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.
La agencia sostiene que el 77,11% de los pagos investigados fue realizado mediante cheques y apenas el 22,89% mediante transferencias bancarias. Esa modalidad habría permitido fragmentar la trazabilidad de los fondos y dificultar la identificación de los beneficiarios finales. Muchos de los cheques fueron endosados múltiples veces y terminaron depositados por empresas o personas que no tenían relación comercial directa con las operaciones originales.
Sin embargo, la ampliación de denuncia incorpora el pedido formal para que se investigue la posible existencia de una asociación ilícita fiscal. La maniobra habría tenido continuidad temporal, habitualidad, coordinación entre distintos actores y una estructura organizada destinada a cometer delitos tributarios de manera sistemática.
ARCA sostiene que las operaciones investigadas se extendieron durante varios ejercicios fiscales consecutivos y que la utilización de facturación apócrifa no constituyó un hecho aislado sino un mecanismo permanente dentro de la estructura económica analizada. Además, el delito de asociación ilícita fiscal puede configurarse aun cuando algunos de los delitos tributarios proyectados no lleguen a consumarse completamente, siempre que exista una organización estable orientada a cometerlos.
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