En una jornada marcada por la tensión en los tribunales, el juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, rechazó el pedido de detención contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino. El fallo se dio a conocer casi en simultáneo con la decisión de la Cámara Federal de Tucumán de apartar al magistrado de la causa.
Argibay desestimó el requerimiento del fiscal Pedro Simón, quien buscaba impulsar una acción penal por presunto lavado de activos, defraudación y evasión tributaria. Según el magistrado, la acusación fiscal no cumplía con los «estándares mínimos» para iniciar una investigación, calificando la hipótesis como:
«Genérica y abierta»: Sin precisión sobre los hechos concretos.
«Difusa»: Al no poder identificar un delito precedente claro que diera origen al dinero supuestamente lavado.
En su resolución de 39 páginas, el juez advirtió una «ausencia de un hecho específico», bloqueando así la intención del fiscal de investigar una compleja trama de facturación cruzada y flujos de fondos entre la AFA y empresas vinculadas a Toviggino.
El caso tomó un giro dramático cuando la Cámara Federal de Tucumán decidió desplazar a Argibay. El motivo: un conflicto de intereses que involucra a su familia. Se detectó que la hija del juez, María del Pilar Argibay Lapalma, participó en una operación inmobiliaria (la venta de un lote) con Darío Fabián Toviggino, hermano del tesorero de la AFA.
Pese a este desplazamiento, Argibay firmó el rechazo a las detenciones alegando que «no había sido notificado formalmente» de su salida al momento de la firma.
Tras rechazar las medidas solicitadas por el fiscal, Argibay se declaró incompetente para seguir adelante con el expediente. La causa fue remitida al Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, quien ahora deberá decidir el futuro de la investigación que pone bajo la lupa las finanzas de la cúpula del fútbol argentino.
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