La defensa del expresidente Alberto Fernández logró habilitar un nuevo paso judicial en su intento por anular todo lo actuado en la causa por presunta violencia de género que lo tiene procesado, a partir de la denuncia de su expareja, Fabiola Yañez. La Cámara Federal porteña le concedió un recurso de apelación contra la resolución que había confirmado el rechazo a su pedido de nulidad, lo que le permite ahora llevar el planteo hasta la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal federal del país.
La decisión fue de los camaristas Roberto Boico y Eduardo Farah, aunque con fundamentos distintos: para uno, la impugnación de la defensa plantea cuestiones de índole federal; para el otro, el alcance de lo resuelto equivale en la práctica a una sentencia definitiva. En ambos casos, se cumplen los requisitos para habilitar una nueva instancia de revisión.
Qué había pedido la defensa
La abogada de Fernández, Silvina Carreira, había solicitado la nulidad de toda la investigación al considerar que existieron vicios en los allanamientos, en el secuestro de dispositivos, en la extracción de información y en la resolución que dictó el procesamiento del exmandatario.
La Cámara ya había rechazado ese planteo. Su argumento: cuando Casación apartó en su momento al juez que llevaba la causa, dejó expresamente a salvo la validez de los actos ya cumplidos, para evitar un retroceso del proceso y en línea con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de protección de las mujeres. Los mismos camaristas ordenaron, además, al nuevo juez de la causa, Daniel Rafecas, que resuelva sobre una serie de medidas de prueba pedidas por la defensa que hasta ahora habían sido denegadas.
Cómo llegó la causa a la Justicia
El expediente se originó de manera indirecta: surgió de una extracción de testimonios vinculada a la causa de Nación Seguros, donde aparecieron comunicaciones telefónicas entre la entonces secretaria privada de Fernández, María Cantero, y Yañez. Esos mensajes y fotos describían situaciones compatibles con violencia de género y, a partir de ese hallazgo, la Justicia dio curso a la denuncia.
El exmandatario terminó procesado por lesiones leves reiteradas (en dos oportunidades), lesiones graves y amenazas coactivas —estas últimas, por las supuestas presiones que habría ejercido sobre su expareja para que no hiciera la denuncia, a cambio de garantizar el futuro económico del hijo de ambos.
Un dato clave marcó el recorrido del expediente: el juez que lo investigaba originalmente, Julián Ercolini, fue apartado de la causa. Desde entonces, la defensa sostiene que buena parte de la prueba —en particular los chats— se obtuvo de forma irregular, a partir de un celular revisado en otra causa y sin una orden judicial específica para este expediente, algo que calificó como una «expedición de pesca». Hace casi un año, el fiscal federal Ramiro González había pedido elevar la causa a juicio oral, pero los sucesivos recursos de la defensa frenaron ese trámite.
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