La Justicia federal descubrió otro gasto no declarado del jefe de Gabinete Manuel Adorni: 14 millones de pesos destinados a renovar el mobiliario del departamento donde reside con su familia en el barrio porteño de Caballito. El dato surgió de las investigaciones que siguieron a la declaración del contratista Matías Tabar, quien había refaccionado la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá.
La causa por enriquecimiento ilícito, que instruye el juez federal Ariel Lijo junto al fiscal Gerardo Pollicita, también recibió este miércoles el testimonio de Leandro Miano, hijo de una de las jubiladas que figura como acreedora del funcionario. Miano es además socio de Pablo Martín Feijoo —hijo de otra jubilada acreedora— y participó como gestor en la compraventa del semipiso ubicado en la calle Miró al 500, a través de la empresa TSJ Group. Llegó a Comodoro Py antes de las nueve de la mañana y se retiró dos horas después sin hacer declaraciones públicas.
En su testimonio, Miano confirmó que Adorni mantiene una deuda de 65.000 dólares con Feijoo, correspondiente a las mejoras que ambos realizaron en el departamento de Caballito antes de que las jubiladas lo vendieran por 230.000 dólares. Según su relato, fue Feijoo quien se ocupó de gestionar toda la operación. El acuerdo de devolución del dinero habría sido verbal, sin documentación ni plazo definido, y tampoco contemplaría intereses.
Las obras en el departamento no se limitaron a esa intervención. El mismo Tabar —quien bajo juramento admitió haber cobrado 245.000 dólares por la refacción del country— fue convocado nuevamente por el matrimonio para coordinar trabajos de carpintería en Caballito, tarea similar a la que ya había realizado en el barrio privado. Según su declaración, en diciembre le encargaron una mesa de comedor con tapa de mármol, una mesa ratona, otra mesa de uso diario, un mueble para vajilla, un rack para televisor, una mesa consola y un espejo, entre otras piezas. Los trabajos se habrían finalizado y abonado entre enero y febrero de este año, también en efectivo y sin comprobante fiscal.
El juez Lijo dispuso la pericia del teléfono celular de Tabar para recuperar los intercambios con Adorni, su esposa Bettina Angeletti y los distintos proveedores involucrados, con el objetivo de verificar los montos declarados.
Los 14 millones en mobiliario se suman a los 365.000 dólares que el matrimonio habría destinado a propiedades en los últimos dos años y medio. A ese cuadro se agregan compromisos económicos por más de 335.000 dólares, cuya mayoría vence en noviembre.
La investigación busca determinar si Adorni y su esposa pueden justificar el origen de esos fondos. Sus declaraciones juradas correspondientes a 2025 aún no fueron presentadas ante la Oficina Anticorrupción, dado que el plazo legal se extiende hasta el 31 de julio. Como última medida, el juez Lijo ordenó levantar el secreto fiscal de ambos ante ARBA, el organismo tributario bonaerense.
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