Una familia santafesina se convirtió en la primera en impugnar formalmente las multas millonarias que el Ministerio de Seguridad de Santa Fe comenzó a cobrar a padres de menores involucrados en amenazas falsas en escuelas. El monto exigido supera los $6 millones de pesos y la defensa ya presentó el reclamo ante la Justicia, abriendo un debate que podría sentar un precedente clave en la provincia.
El episodio en cuestión involucra a un alumno de entre 12 y 13 años de la ciudad de Santa Fe que habría participado en un desafío que circulaba en redes sociales. Como resultado, se difundió una nota con contenido intimidante que generó la intervención policial. Según la defensa, el hecho ocurrió fuera del establecimiento educativo, el menor lo reconoció ante sus padres y las autoridades escolares, y la situación fue contenida sin mayores consecuencias.
El abogado defensor: «No es una amenaza en términos legales»
El abogado Rodolfo Mingarini, que representa a la familia, cuestionó la calificación del hecho como delito de amenaza. Explicó que este tipo de figura penal requiere condiciones específicas —como un daño concreto, una persona determinada y un contexto de coerción real— que en este caso no se cumplirían.
«Esto fue un papel encontrado en un estacionamiento, no dentro de la escuela. No hubo una amenaza directa ni una situación de peligro real», sostuvo el letrado.
¿Puede el Estado cobrar sin que intervenga un juez?
El eje central del conflicto es si el gobierno provincial tiene facultades para imponer y cobrar estas multas sin una sentencia judicial previa. La defensa argumenta que la responsabilidad penal no puede trasladarse a los padres, y que la responsabilidad civil —que sí podría recaer en ellos— solo puede determinarse mediante un fallo judicial. Además, señalan que no existe una ley específica que autorice al Poder Ejecutivo a fijar estas sanciones de manera directa.
«El poder administrador no puede decidir unilateralmente que alguien debe pagar millones. Eso debe determinarlo un juez», afirmó Mingarini.
Otro punto cuestionado es la falta de justificación del monto: según el abogado, en el episodio concreto solo intervino un patrullero, lo que hace difícil explicar cómo se llegó a una cifra superior a los $6 millones. La familia, además, recibió una notificación con solo cinco días para pagar, sin información clara sobre el procedimiento ni las vías de descargo.
Contexto: amenazas falsas en aumento y respuesta oficial
La medida del Ministerio de Seguridad surge en un escenario de creciente ola de amenazas falsas en escuelas de Santa Fe, muchas relacionadas con mensajes virales o bromas que provocan alarma social y costosos operativos policiales. Desde el gobierno sostienen que las multas buscan desalentar este tipo de conductas y recuperar los gastos operativos que generan.
Sin embargo, especialistas advierten que la estrategia podría derivar en una judicialización masiva de los casos y que su legalidad y proporcionalidad están en entredicho.
Este es el primer planteo formal, pero se esperan más: según trascendió, existen otros casos en análisis que podrían impulsar una definición judicial definitiva sobre el alcance de estas sanciones.
Uno Santa Fe
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