Un hombre de 53 años y una mujer de 47 fueron trasladados y quedaron a disposición de la Justicia tras un allanamiento en Villa Gobernador Gálvez, en el marco de una investigación por la presunta apropiación de los ingresos y bienes de una adulta mayor que se encontraba alojada en un geriátrico. Según la denuncia, los investigados cobraban su jubilación, dos pensiones por viudez y el arrendamiento de un campo, y además se habrían quedado con su auto.
El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata (BORI), y se realizó a pedido de la Unidad Fiscal de Investigación Estratégica del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La causa se investiga como privación ilegítima de la libertad.
Cómo comenzó la investigación
El caso se inició a partir de una denuncia de la propia mujer, realizada el 30 de octubre de 2025 a través de la Línea 145, que depende de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas del Delito de Trata de Personas.
Los investigadores sospechaban que la mujer podía estar alojada en un geriátrico contra su voluntad y que terceras personas estaban cobrando su dinero. Entre esos ingresos figuraban una jubilación, dos pensiones por viudez y el alquiler de un campo ubicado en la localidad de Piamonte.
La denuncia: firmas obtenidas mediante engaños
Según su relato, a la mujer le hicieron firmar documentación mediante engaños. Esos papeles estaban relacionados con el cobro de sus prestaciones económicas, sus propiedades rurales y la transferencia de su auto, un Renault Sandero.
Como parte de la investigación, la BORI entrevistó a la responsable del geriátrico, quien aportó datos sobre las visitas que recibía la mujer y sobre su situación personal y patrimonial. Además, la víctima fue evaluada por un psiquiatra de PAMI, que dejó constancia de que se encontraba lúcida y ubicada en tiempo y espacio. Es decir, que al momento del examen estaba en condiciones de comprender su situación y dar cuenta de lo ocurrido.
Los investigadores también ubicaron a una sobrina de la mujer y tomaron testimonios que permitieron avanzar en la causa. Así pudieron confirmar que el auto había sido transferido y que los investigados cobraban las prestaciones como apoderados, es decir, como personas autorizadas legalmente para hacer trámites y gestiones en nombre de ella.
El allanamiento
Con esas pruebas, la Fiscalía pidió una orden de allanamiento para una vivienda de avenida Avellaneda al 2200, en Villa Gobernador Gálvez.
Durante el procedimiento se secuestraron:
- Un poder general firmado por la mujer a favor de los investigados, el documento que los habilitaba a actuar en su nombre.
- Documentación personal.
- Tarjetas de crédito y de PAMI.
- Dos teléfonos celulares.
- El Renault Sandero vinculado a la causa.
La investigación continúa bajo la dirección de la fiscal Cecilia Brindisi, de la Unidad Fiscal de Investigación Estratégica, con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades de cada uno.
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