La causa judicial que analiza presuntos beneficios indebidos en torno al vocero presidencial Manuel Adorni sumó nuevos elementos en las últimas horas. En el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo se incorporaron registros de transferencias bancarias realizadas por el empresario Marcelo Grandio, con quien mantiene una relación personal desde hace años.
Según la documentación, se trata de una decena de movimientos efectuados entre diciembre de 2022 y fines de 2023, es decir, antes de que Adorni asumiera funciones públicas. Los montos, aunque de distinta magnitud, forman parte de la investigación que intenta determinar si existieron vínculos económicos previos a la adjudicación de contratos de la productora Imhouse con la TV Pública.
El expediente también indaga uno de los viajes a Punta del Este realizado durante el último feriado de Carnaval, en el que Adorni habría viajado junto a su familia en un avión privado. Testimonios incorporados a la causa sostienen que el traslado habría sido financiado por Grandio como una invitación, lo que encuadra en la hipótesis de posibles dádivas.
La investigación, que cuenta con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita, incluye además pedidos de información a distintos organismos públicos y privados. Entre ellos, Radio y Televisión Argentina, la Oficina Nacional de Contrataciones, la ANAC, la IGJ y la empresa aeronáutica encargada de los vuelos.
Uno de los testimonios clave fue el de una representante comercial de la firma que gestionó el viaje, quien declaró que Grandio solicitó una cotización para invitar a una familia a Uruguay. Según su versión, luego supo que los pasajeros serían el funcionario y su entorno familiar. También afirmó que el empresario inicialmente buscó evitar la facturación completa del servicio y que incluso intentó reducir costos ofreciendo lugares vacíos del vuelo.
Estas declaraciones contrastan con lo manifestado públicamente por Adorni, quien aseguró haber pagado los pasajes de su familia.
En paralelo, la Justicia analiza comunicaciones entre los involucrados y contratos firmados por la productora vinculada a Grandio con la TV Pública, en busca de determinar si existieron irregularidades.
Además, el fiscal solicitó nuevas medidas para establecer si hubo otros viajes compartidos o coincidencias en destinos entre las partes investigadas. La causa se complementa con otra pesquisa en la que se analiza la evolución patrimonial del funcionario y su entorno.
Mientras avanza la investigación, el expediente continúa sumando pruebas para esclarecer si existió algún tipo de beneficio indebido o conflicto de intereses en la relación entre el funcionario y el empresario.
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