Dos policías de la brigada motorizada de Rosario fueron condenados este miércoles por la mañana por cobrar coimas y por haber favorecido a una vendedora de droga del barrio Parque Casas. Aceptaron un juicio abreviado por el que recibieron una pena de tres años de prisión efectiva más una inhabilitación absoluta por seis años. Se trata de los agentes Marcelo Damián Borovachi (28) y Ricardo Damián Font (28), detenidos desde marzo del año pasado.
En la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, el juez Facundo Becerra homologó el acuerdo alcanzado entre los fiscales Karina Bartocci y Pablo Socca y la defensa de los agentes.
A Borovachi se lo acusó de falsedad ideológica —seis hechos—, privación ilegítima de la libertad —cinco hechos—, allanamiento ilegal, amenazas coactivas, incumplimiento de los deberes de funcionario público —seis hechos— y tres hechos de falso testimonio.
A Font, en tanto, le atribuyeron cinco hechos de falsedad ideológica, cuatro de privación ilegítima de la libertad, allanamiento ilegal, amenazas coactivas, cinco hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y dos hechos de falso testimonio.
La causa principal
Al inicio de la investigación habían sido acusados seis policías de la brigada motorizada, una médica policial y dos civiles, entre ellos una presunta vendedora de droga del barrio Parque Casas.
Según los fiscales, el oficial Marcelo Borovachi y los suboficiales Jesús Soria, Dylan Pérez, Lucila Bellizzi, Ricardo Font y Rodrigo Ramírez habrían participado en procedimientos irregulares destinados a beneficiar a Sandra Álvarez —la civil también imputada— en la venta de estupefacientes en Parque Casas, en perjuicio de organizaciones rivales.
También fueron sentados en el banquillo la médica policial Mara Romano y el civil Rubén «Rana» Gusmaroli, señalado como presunto vendedor de armas en la zona.
De acuerdo con la acusación, todo comenzó cuando, en julio de 2024, balearon la vivienda de Álvarez en Castagnino al 1200. A raíz de eso, por orden judicial, la casa quedó bajo un régimen de custodia policial a cargo de la brigada motorizada, lo que llevó a que la mujer entablara un vínculo cercano con el suboficial Soria.
El 18 de noviembre de 2024, la presunta vendedora avisó a los agentes que Gusmaroli ofrecía dos pistolas con cartuchos en el barrio. El suboficial Pérez se hizo pasar por comprador, contactó al hombre por celular y acordó un encuentro. Cuatro días después, «Rana» cayó en la trampa: acompañado por otra persona, fue detenido por los agentes Pérez, Soria, Ramírez y Bellizzi, quienes se quedaron con las armas y le cobraron una coima de dos millones de pesos a cambio de liberarlo.
Según explicaron los investigadores, en lugar de detener a las dos personas junto con las dos armas y los cartuchos, los policías solo aprehendieron a una de ellas e informaron el secuestro de una única pistola. Así, cobraron la coima, dejaron en libertad a quien pagó y se quedaron con la otra arma, cuyo destino aún se desconoce.
En la audiencia se relató que Soria le dijo a la presunta dealer que había liberado a uno y detenido al otro, y que buscaba entablar una relación de intercambio de información con Gusmaroli para futuros procedimientos policiales.
Soria luego le pidió el número de celular a Gusmaroli, quien se lo dio. Según explicaron los fiscales, el objetivo era generar un vínculo en el que el hombre le proporcionara datos útiles para procedimientos callejeros.
Los fiscales indicaron que Soria primero le escribió por WhatsApp al «Rana», pero como no obtuvo respuesta, fue hasta su casa y le exigió 20 millones de pesos a cambio de no informar sobre su actividad, bajo amenaza de un posible arresto.
El 27 de enero de 2025 ocurrió el segundo procedimiento analizado en la audiencia, en Superí al 2000, donde fueron aprehendidas una mujer de 72 años —abuela de un adolescente que vendía droga para la banda de Marcelo «Frentudo» Fernández, rival de Sandra Álvarez— y un hombre de 31 años que ocasionalmente le compraba estupefacientes al menor.
La suboficial Bellizzi sacó de su chaleco balístico nueve envoltorios de cocaína y se los plantó a la mujer para justificar su detención. Por su parte, el suboficial Pérez golpeó con un bastón al comprador ocasional para obtener información sobre quiénes vendían droga en la zona, lo tiró al piso y le pisó las manos.
Ambos fueron trasladados a la comisaría 10ª bajo la excusa de una averiguación de antecedentes, pero en los hechos quedaron detenidos. En el caso del hombre, en la seccional se cometió un nuevo delito: la médica policial Romano afirmó que no presentaba lesiones visibles, cuando en realidad estas fueron constatadas 19 días después, en una segunda revisión médica realizada por forenses a pedido de la Fiscalía.
De acuerdo con el relato de la víctima, Pérez le dijo: «Seguí aguantando que te voy a quebrar las piernas».
El hombre y la mujer terminaron detenidos bajo la falsa acusación de vender droga. Fueron imputados y permanecieron 17 días detenidos, hasta que en otra audiencia se resolvió otorgarles la libertad y archivar la causa.
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