La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió a desmentir las versiones que circularon en las últimas horas, asegurando que la Justicia de Estados Unidos no citó a declarar a su presidente, Claudio «Chiqui» Tapia, y que tampoco le secuestraron el celular.
A través de un comunicado oficial, la institución explicó que ante las versiones periodísticas difundidas consideraba necesario hacer una aclaración pública. Según el texto, el documento judicial que motivó las publicaciones no representa una citación al propio Tapia ni al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
El escrito precisa que la citación fue emitida por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, pero que está dirigida a un tercero. A esa persona se le solicita que comparezca ante un Gran Jurado y que eventualmente presente documentación y comunicaciones relacionadas con distintas personas, entre las que se incluyen autoridades de la AFA.
Por ese motivo, la entidad calificó como «absolutamente falso» sostener que Tapia o Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia estadounidense, y también negó que les hayan incautado teléfonos u otros dispositivos electrónicos.
El comunicado añade que el documento no establece ninguna medida personal contra el presidente de la AFA ni contra su tesorero, no ordena su comparecencia, no les genera ninguna obligación procesal y tampoco figura ningún procedimiento de secuestro o incautación de bienes a su nombre.
En ese marco, la AFA remarcó que la circulación de información inexacta o tergiversada provoca una desinformación grave y daña injustamente el honor y la imagen tanto de las personas como de las instituciones involucradas.
Por eso, la entidad hizo un llamado a los medios y a los periodistas para que verifiquen con mayor rigurosidad el contenido de los documentos antes de difundir afirmaciones que no tienen sustento real, recordando que la precisión informativa es una responsabilidad fundamental del periodismo serio.
Finalmente, la AFA advirtió que se reserva el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes frente a la difusión de información falsa o engañosa que perjudique tanto a la institución como a sus dirigentes.
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