La iniciativa presentada en el Concejo Municipal de Rosario para suspender durante dos años las sanciones a choferes de aplicaciones de movilidad no habilitadas provocó un fuerte rechazo en el sector taxista. Las cámaras que nuclean a titulares y conductores del servicio público sostienen que la propuesta implicaría un aval indirecto a la informalidad y alertan sobre efectos económicos y regulatorios.
El proyecto, impulsado por el concejal Federico Lifschitz, propone dejar sin efecto por 24 meses las penalidades que hoy se aplican a quienes operen mediante plataformas como Uber y DiDi sin encuadre en la normativa vigente. Actualmente, Cabify es la única aplicación que cumple con la ordenanza local y funciona bajo las mismas condiciones que taxis y remises habilitados.
Críticas por el impacto económico y normativo
Desde el sector advierten que una eventual condonación de infracciones podría afectar la recaudación municipal, dado que las multas por transporte no autorizado pueden alcanzar los 2 millones de pesos por acta. Según señalan las entidades, los controles detectan decenas de vehículos por mes prestando servicios fuera del marco regulatorio.
Las asociaciones remarcan además que la medida generaría competencia desigual. Argumentan que los taxis deben cumplir con requisitos técnicos, seguros específicos, revisiones periódicas y cargas impositivas, mientras que los vehículos que trabajan mediante aplicaciones no habilitadas no estarían sujetos a las mismas exigencias.
Otro de los ejes de preocupación está vinculado a la cobertura de seguros. Voceros del sector advierten que, al no estar formalmente autorizados para el traslado de pasajeros, estos autos no contarían con pólizas adecuadas, lo que podría dejar desprotegidos a los usuarios ante un siniestro.
Debate sobre controles y aplicación efectiva
Las cámaras también ponen en duda la viabilidad operativa del esquema planteado. Sostienen que el municipio ha reconocido limitaciones en las tareas de fiscalización y consideran que suspender sanciones sin un marco regulatorio integral podría profundizar la expansión de la actividad informal.
En paralelo, describen un crecimiento sostenido de la presencia de Uber y DiDi en zonas estratégicas de la ciudad, como la Terminal de Ómnibus, centros de salud y el microcentro, donde aseguran que la competencia directa impacta de lleno en la actividad tradicional.
Un escenario de tensión sin definición
Mientras la propuesta inicia su recorrido legislativo, la ordenanza vigente continúa prohibiendo la prestación de servicios mediante plataformas no registradas. El debate sobre la regulación o eventual flexibilización de estas aplicaciones vuelve así al centro de la agenda política local.
Para el sector taxista, cualquier modificación que implique suspender sanciones sin definir previamente un esquema claro de habilitación profundizaría la incertidumbre en una actividad que ya enfrenta caída de viajes, aumento de costos y cambios en los hábitos de movilidad urbana.
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