Un proyecto ingresado en el Concejo Municipal de Rosario plantea la creación de un “Protocolo Antipicadas”, con el objetivo de aplicar una “estricta política de tolerancia cero” frente a este tipo de maniobras ilegales y “recuperar el imperio de la ley y el orden en el espacio público rosarino”.
La iniciativa fue presentada por la concejala Samanta Arias, del bloque La Libertad Avanza, quien fundamentó la propuesta en las reiteradas denuncias vecinales vinculadas al descontrol vehicular y al peligro que estas prácticas representan para la seguridad pública en distintos sectores de la ciudad.
De acuerdo con lo expuesto por la edila, el proyecto surge “como respuesta directa en el marco de los graves episodios más recientemente registrados durante estas últimas semanas”, particularmente en la intersección de bulevar Oroño y Lamadrid, así como también en la zona de La Florida, sobre avenida Carrasco entre Puccio y Pintor Musto.
Según describió Arias, en esos puntos autos y motos se concentran durante la madrugada y protagonizan carreras a alta velocidad, desoyendo tanto los reductores de velocidad como las restricciones vigentes. La concejala advirtió que estas conductas se repiten con frecuencia y generan riesgos constantes para vecinos y transeúntes.
«Se terminó la etapa de la simple advertencia. De acuerdo con los testimonios, cuando el control municipal llega, los conductores se quedan esperando en el cantero central riéndose de la autoridad, y apenas se levanta el operativo, vuelven a correr. El Estado no puede ser un espectador de este delito, el que se crea que puede usar la calle como pista de carreras, pierde el vehículo», expresó Arias.
La edil también señaló que la problemática alcanzó un nivel tal que la estación de servicio ubicada en ese cruce del sur rosarino debió ser vallada en diversas oportunidades. Según indicó, el lugar suele ser utilizado como punto de encuentro y espacio de espectadores, además de funcionar como una suerte de “zona de boxes” para los participantes.
«Estas son mafias sobre ruedas. Los vecinos denuncian un desastre absoluto: se juntan a tomar alcohol, llenan de mugre los barrios y se comportan como verdaderos tumberos, obligando a las familias y a los comerciantes a vivir encerrados por miedo. En Oroño y Lamadrid han llegado a tener relaciones sexuales en la vía pública. Esto es inaceptable. Necesitamos dotar a las fuerzas de control de herramientas operativas fuertes, con operativos cerrojo que los acorralen, les secuestren los vehículos y terminen de una vez con esta impunidad», agregó.
En términos operativos, la ordenanza propone un esquema de “Saturación Permanente” durante fines de semana y vísperas de feriados. Bajo este sistema, los controles dejarían de ser estáticos o previsibles y pasarían a organizarse en función del mapa de calor del delito y de los reclamos ciudadanos canalizados a través del 147.
El protocolo prevé la implementación de operativos cerrojo ante la detección de concentraciones o carreras en curso, con la finalidad de bloquear las vías de escape, acorralar a los infractores y proceder al secuestro inmediato de los vehículos.
Uno de los aspectos más estrictos del proyecto es la denominada “adecuación técnica obligatoria”. La propuesta instruye a los jueces de Faltas a exigir, como condición para la restitución de un vehículo secuestrado, el decomiso y destrucción de autopartes no homologadas, tales como sistemas de óxido nitroso, turbocompresores, suspensiones extremas o escapes libres.
«El Estado no puede devolverle a un infractor el arma con la que pone en riesgo la vida de los rosarinos. Si el auto está modificado para correr, se desmantela», sostuvo Arias. Además, la normativa contempla un “Cargo por desmantelamiento”, que deberá ser afrontado por el propio infractor.
La concejala argumentó que las picadas clandestinas encabezan de manera sistemática los reclamos nocturnos al 147 y advirtió que, pese a los operativos y remisiones al corralón, “el alto nivel de reincidencia demuestra que la disuasión actual no es suficiente”.
El protocolo también establece que el Municipio deberá constituirse como denunciante activo ante el Ministerio Público de la Acusación, bajo la figura del artículo 193 bis del Código Penal. A partir de las imágenes captadas por el CIOR, se buscará impulsar causas penales, sanciones económicas e inhabilitaciones judiciales.
«El espacio público es de los ciudadanos de bien, no de las mafias ni de los que se creen dueños de la noche. Con este protocolo, le damos un mensaje claro a los delincuentes al volante: en Rosario, la ley se respeta y el orden se impone», concluyó la concejala.
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