La Cámara de Diputados inicia este miércoles al mediodía una sesión especial que promete ser extensa: hay siete proyectos en el temario y las fuentes parlamentarias estiman que el debate podría extenderse hasta la madrugada del jueves o incluso alcanzar las 24 horas. Salvo una sorpresa de último momento, el quórum está asegurado gracias al acuerdo entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.
La convocatoria tiene una lectura política clara. La Libertad Avanza pidió la sesión para contrarrestar la agenda que la oposición intentó instalar la semana pasada, cuando el encuentro para derogar el DNU 70/23 no logró quórum. Para sumar apoyos, el Gobierno cedió en dos frentes: aceptó restituir los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros y se comprometió a tratar dos temas que venían reclamando los bloques críticos, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de las familias.
La Ley de Tierras, primer punto del día
El debate arranca con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. El oficialismo le incorporó los artículos 38 y 39, que anulan el artículo 134 del DNU 70/23 y devuelven la vigencia a la ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Como el texto sufrió cambios, deberá volver al Senado.
El movimiento llama la atención en un Gobierno que buscaba desregular la venta de tierras a extranjeros. Según explicó un referente libertario de la Cámara baja, la idea fue resignar un punto para asegurar el objetivo mayor. La maniobra apuntó a retener a aliados del PRO, la UCR y los bloques provinciales, que rechazaban la venta de tierras sin límites pero tampoco querían derogar el DNU completo.
Con la ley de 2011 nuevamente vigente, ninguna persona física o jurídica extranjera podrá ser dueña de más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento. Además, una misma nacionalidad no podrá concentrar más del 30% del cupo habilitado para extranjeros, y quedan restringidas las compras de campos con cuerpos de agua relevantes o ubicados en zonas de seguridad de frontera.
El proyecto también fija reglas para las expropiaciones: el Estado deberá justificar de forma expresa y estricta la utilidad pública, y el pago se calculará según el valor de mercado, incluyendo el lucro cesante. A eso se suman la restitución de inmuebles ocupados en 72 horas si el propietario presenta la documentación, y desalojos por falta de pago con una intimación previa y un plazo de diez días para saldar la deuda. En su paso por el Senado quedó afuera el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego.
Trazabilidad de medicamentos y vandalismo rural
El segundo punto es un sistema nacional de alerta y trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, una iniciativa que reúne a distintos bloques. Toma como base el proyecto de Silvana Giudici (La Libertad Avanza) y suma aportes de Pablo Juliano, Victoria Tolosa Paz, Karina Banfi, Marcela Pagano, Danya Tavela y la santafesina Mónica Fein. La propuesta prevé registros digitales en tiempo real y protocolos de actuación ante sospechas de contaminación.
La norma apunta a sustancias como el fentanilo, tras el caso del fentanilo contaminado de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. La Justicia confirmó 90 muertes y 44 pacientes con secuelas, aunque auditorías epidemiológicas y comisiones parlamentarias calculan que las víctimas podrían ser entre 121 y 173.
En tercer lugar se tratará el proyecto del PRO contra el vandalismo rural, impulsado por Martín Ardohain. La iniciativa agrega nuevas figuras al Código Penal y establece penas de prisión para quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales o dañen insumos, maquinaria o infraestructura.
Discapacidad, el tema más discutido
Los dos temas que la oposición logró incluir en la agenda quedaron al final del temario, y allí se concentra la mayor tensión de la jornada. En discapacidad, el oficialismo llega con un dictamen de mayoría acordado con Argentina Federal y el MID: la llamada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. El texto retoma casi todos los beneficios de la ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad para convertirla en una norma permanente.
La propuesta mantiene la pensión no contributiva por discapacidad en el 70% del haber jubilatorio mínimo, con actualización por inflación, además del nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. Como novedad, permite cobrarla junto con un empleo registrado o el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La oposición —Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y Elijo Catamarca— insiste en prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Para sostener el pedido, señalan 324.303 solicitudes de pensión sin resolver, compensaciones a prestadores que no se pagaron y atrasos arancelarios del 30,67%. El Consejo Federal de Discapacidad respaldó ese reclamo el 8 de octubre, y las organizaciones del sector advierten que la ley 27.793 no se aplicó y que la emergencia sigue vigente.
Desde el peronismo cuestionan además que, tal como está redactado, el proyecto separa las pensiones en dos —una por invalidez laboral y otra por discapacidad— con distinto acceso al programa Incluir Salud. A esto se suma la postura del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien admitió que el Poder Ejecutivo pretendía otra solución para el tema y no aclaró si quitará el capítulo del Presupuesto 2027, lo que deja abierta la posibilidad de un veto.
Endeudamiento familiar: dos modelos en discusión
El último gran debate será sobre el endeudamiento de las familias. El dictamen de mayoría, firmado por La Libertad Avanza junto al PRO y la UCR, se titula Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores. Su eje es la información: claridad en tasas y costos, educación financiera y prevención del sobreendeudamiento, sin topes a las tasas de interés, quitas de capital ni planes de refinanciación obligatorios para los bancos. También exige una doble validación de identidad para los créditos digitales y establece que el silencio o las opciones preseleccionadas no cuentan como consentimiento.
En cambio, Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica proponen declarar la emergencia financiera por 180 días. Su iniciativa crea un régimen para reestructurar deudas en al menos 12 cuotas para quienes tengan más de 60 días de mora, con un tope de dos canastas básicas totales del Indec —unos 3.265.010 pesos— y una cuota que no supere el 30% de los ingresos del deudor. La refinanciación se haría con la tasa TAMAR más un 25%.
El temario se completa con la transferencia gratuita a la provincia del Chaco del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras.
Los votos de Santa Fe y Córdoba, en la mira
Los diputados santafesinos y cordobeses de Provincias Unidas, entre ellos Gisela Scaglia y José Núñez, vuelven a aparecer como decisivos. En ese marco, el Gobierno convocó para el martes a un plenario por la reforma de la ley de biocombustibles, un pedido de ambas provincias que ya tiene media sanción del Senado. El proyecto eleva el corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15% en las naftas y el de biodiésel del 7% al 10% en el gasoil, una señal que podría inclinar a unos quince diputados que responden a los gobernadores de Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba y Santa Fe.
Se trata de una de las últimas sesiones del período ordinario. Más allá de lo que se apruebe, el oficialismo aceptó ceder en la desregulación de la tierra y en el esquema de discapacidad para sostener el DNU 70/23 y conservar el control de la agenda. Por ahora quedaron fuera del temario la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como “Ley Malvinas”, el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.
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