Un informe privado calculó cuánto dinero deberían haber recibido las provincias si se hubiera repartido, según coparticipación, lo recaudado por el impuesto a los combustibles. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba son las más afectadas
Un nuevo informe puso números a un reclamo que los gobernadores vienen sosteniendo desde hace tiempo: la falta de inversión nacional en el mantenimiento de las rutas. Según publicó La Nación, la consultora Galois, calculó que entre enero y julio de este año las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberían haber recibido en conjunto $784.290 millones si el Gobierno hubiera distribuido, según los coeficientes de coparticipación federal, una porción específica de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos.
Ese dinero, sin embargo, no llegó a los territorios: el Ministerio de Economía optó por mantenerlo en el sistema financiero en lugar de girarlo, tal como había revelado el propio diario días atrás.
De dónde sale el cálculo
El punto de partida es la recaudación del impuesto a los combustibles, que entre enero y julio sumó $3.839.125 millones. De ese total, luego de descontar un 1,9% que corresponde a ARCA, hay un 35,44% —equivalente a $1.334.735 millones— que por ley tiene un destino específico: financiar infraestructura vial e hídrica y compensar al transporte público.
Ese 35,44% se compone de tres partidas: un 4,31% para el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, un 28,58% para el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y un 2,55% para la compensación del transporte público.
El ejercicio de Galois simula qué hubiera pasado si, en lugar de administrar esos recursos a través de fondos fiduciarios, se hubieran repartido directamente entre las provincias según el esquema de coparticipación. El resultado: $784.290 millones que habrían llegado a los territorios y no lo hicieron.
Cuánto le hubiera correspondido a cada provincia
Según el reparto simulado, Buenos Aires sería la más beneficiada con $166.359 millones, seguida por Santa Fe ($67.704 millones) y Córdoba ($67.266 millones).
Más atrás se ubican Chaco ($37.792 millones), Entre Ríos ($36.989 millones), Tucumán ($36.041 millones), Mendoza ($31.590 millones) y Santiago del Estero ($31.298 millones).
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Completan la lista Salta ($29.037 millones), Corrientes ($28.161 millones), Formosa ($27.578 millones), San Juan ($25.608 millones), Misiones ($25.024 millones), Jujuy ($21.522 millones), Catamarca ($20.866 millones), Río Negro ($19.115 millones), la Ciudad de Buenos Aires ($18.686 millones), San Luis ($17.291 millones), La Rioja ($15.686 millones), La Pampa ($14.227 millones), Neuquén ($13.148 millones), Chubut y Santa Cruz ($11.981 millones cada una) y Tierra del Fuego ($9.343 millones).
El trasfondo del reclamo
El debate de fondo tiene que ver con el destino de esos fondos específicos. La Nación había informado que, al cierre de mayo, más de $1 billón de los recursos del SisVial —el componente vial del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte— estaban colocados en inversiones financieras en lugar de ejecutarse en obras. Esos fondos son administrados por el Ministerio de Economía, y el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que se utilizan para contribuir al equilibrio fiscal.
Mientras el Gobierno nacional usa esos recursos con fines financieros, los gobernadores reclaman por el deterioro de las rutas y la falta de inversión en mantenimiento y obra nueva.
Correa Becker aclaró que el ejercicio de Galois es una aproximación acotada y no reproduce exactamente el proyecto de ley que los gobernadores impulsaron en 2025, que contemplaba una masa de recursos mayor y un criterio de reparto distinto.
El antecedente legislativo
En 2025, los mandatarios provinciales habían impulsado un proyecto para eliminar los fondos y asignaciones específicas y elevar al 57,02% la participación de las provincias en el impuesto a los combustibles, con un 25% a repartir en partes iguales y un 75% según los coeficientes de la Ley 23.548.
La iniciativa consiguió media sanción en el Senado, con 56 votos contra 1, pero no prosperó en Diputados: obtuvo 126 votos, tres menos que los 129 necesarios para la mayoría absoluta que exige una reforma del régimen de coparticipación.
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