Fiscales de cinco provincias, incluyendo Santa Fe, llevan adelante una investigación conjunta contra una organización criminal que operó a escala nacional mediante sofisticadas estafas virtuales. La causa ya cuenta con 11 imputados, más de 30 allanamientos realizados y el secuestro de importantes sumas de dinero en efectivo y activos digitales.
La banda utilizaba empresas legalmente constituidas e inscriptas ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y ARCA, con documentación oficial y CUIT válidos, para abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales con las que captaban el dinero de miles de ciudadanos en todo el país.
El engaño se apoyaba en aplicaciones e interfaces digitales falsas que imitaban con precisión la identidad visual y el funcionamiento de brokers bursátiles autorizados. Las víctimas eran atraídas con promesas de rendimientos del 30% o 40% mensual en criptomonedas y activos financieros. En una primera etapa, la plataforma mostraba ganancias ficticias para generar confianza; sin embargo, cuando los usuarios intentaban retirar su dinero, los fondos eran bloqueados de forma definitiva bajo el pretexto de supuestas restricciones del Banco Central.
El caso es conducido por un Equipo de Investigación Conjunta (EIC) integrado por fiscales de los Ministerios Públicos de Chubut, Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Santa Fe. Por esta última provincia, interviene la Unidad Especializada en Cibercrimen de la Fiscalía Regional 2 de Rosario, a cargo de los fiscales Matías Ocariz y Aurelio Cicerchia del Ministerio Público de la Acusación.
El cruce de pruebas entre las cinco jurisdicciones permitió coordinar una masiva serie de allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En dos etapas operativas —la segunda con 10 allanamientos simultáneos en CABA y localidades del conurbano como Villa Tesei y San Justo— fueron identificados y detenidos 11 imputados, entre ellos contadores públicos y los cabecillas de la estructura criminal.
Durante los procedimientos se incautaron más de 250.000 dólares en efectivo y activos digitales en la primera etapa, a los que se sumaron miles de dólares físicos adicionales, vehículos y decenas de dispositivos electrónicos —teléfonos celulares, computadoras y notebooks— en las operaciones posteriores. El dinero obtenido era lavado a través del arbitraje de criptoactivos y mesas de cambio clandestinas.
Dada la envergadura del entramado societario y el volumen de información tecnológica secuestrada, la Justicia le otorgó a la causa el carácter de Causa Compleja, lo que habilita un plazo extraordinario de 16 meses para procesar el material digital y elevar el expediente a juicio.
Desde la Fiscalía de Rosario se indicó que la investigación continúa activa, con el análisis de la evidencia informática recolectada para detectar ramificaciones locales, identificar a más víctimas de la región y determinar el monto total defraudado.
Seguinos