El fiscal federal Gerardo Pollicita dictaminó este martes que no existió delito en el trabajo periodístico realizado por Luciana Geuna y su colega Ignacio Salerno dentro de la Casa Rosada, y pidió archivar la denuncia impulsada por el gobierno nacional, que había acusado a los periodistas de realizar tareas de espionaje.
La causa se originó a partir de un informe donde se mostraban imágenes grabadas en pasillos y sectores internos de Balcarce 50 mediante lentes especiales. La Casa Militar denunció que el material podía comprometer la seguridad presidencial y revelar información sensible del edificio. Sin embargo, Pollicita concluyó que las imágenes difundidas «no revisten la entidad requerida» para configurar delitos vinculados con seguridad nacional, revelación de secretos o espionaje.
Qué resolvió el fiscal
En su dictamen, Pollicita sostuvo que, aunque la grabación se realizó sin autorización y derivó en sanciones administrativas, no hubo afectación penal. «Las imágenes obtenidas muestran únicamente espacios físicos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público», indicó al descartar que existiera captación o difusión de secretos de Estado. Según detalló, el material filmado mostraba principalmente «pasillos y espacios vacíos», con circulación ocasional de personas. El fiscal agregó que la denuncia original no logró precisar qué secretos habrían quedado expuestos ni cómo las grabaciones habrían afectado la seguridad nacional.
El argumento de la Casa Rosada y su rechazo
La denuncia había sido presentada por el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez, quien sostuvo que la difusión de «detalles estructurales y logísticos» podía agravarse en un contexto internacional sensible, marcado por la tensión entre Irán y aliados estratégicos de Argentina como Estados Unidos e Israel.
Ese argumento fue descartado por Pollicita, quien recordó que buena parte de los espacios mostrados son visibles públicamente en Google Maps, YouTube y la propia página oficial de la Casa Rosada. El fiscal concluyó que el contenido emitido no reveló información reservada ni produjo una perturbación relevante en el funcionamiento institucional.
La escalada del conflicto con la prensa
El episodio derivó en una fuerte tensión entre el gobierno y los medios acreditados en Casa Rosada. Tras la difusión del informe, el Ejecutivo suspendió temporalmente el acceso de periodistas y mantuvo las restricciones especialmente para trabajadores de TN y Eltrece, argumentando incumplimientos en las normas de acreditación. El caso generó cuestionamientos de organizaciones periodísticas y reavivó el debate sobre los límites al trabajo de prensa dentro de edificios oficiales.
En su resolución, Pollicita aclaró que eso no implica que los hechos «carezcan de consecuencias jurídicas», pero remarcó que, en todo caso, corresponden al plano administrativo y no penal.
Qué puede pasar ahora
El dictamen del fiscal no cierra automáticamente la causa. La decisión final quedará en manos del juez federal Ariel Lijo, titular del Juzgado Federal N°4, quien deberá resolver si acepta el pedido de archivo o continúa con la investigación. El caso se convirtió en uno de los episodios más tensos entre el gobierno de Javier Milei y la prensa acreditada desde el inicio de la gestión, en un contexto de creciente confrontación pública del oficialismo con periodistas y medios nacionales.
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