El Reino Unido anunció este martes que aplicará la legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI) para resguardar a las empresas que participan del proyecto petrolero Sea Lion, en aguas de las islas Malvinas. La medida busca neutralizar las sanciones y restricciones que Argentina impone a quienes operan en el archipiélago, y llega pocas horas después de que el Gobierno nacional pidiera a un tribunal internacional frenar la explotación.
Qué permite la ley británica
En términos prácticos, la PTI funciona como un escudo legal para las compañías. Por un lado, permite prohibir a empresas y personas bajo jurisdicción británica que cumplan con leyes extranjeras, en este caso las normas argentinas que castigan a quienes trabajan en Malvinas. Por otro, impide que los tribunales del Reino Unido reconozcan o ejecuten sentencias de otros países contra esas actividades, y habilita a las firmas a reclamar ante la Justicia británica el resarcimiento de cualquier perjuicio económico derivado de esas presiones. Según informó Londres, la reglamentación se tramitará con la mayor rapidez posible para que entre en vigor antes de fin de año.
El secretario de Empresa y Comercio británico, Jonathan Reynolds, sostuvo que la decisión deja en claro que su gobierno actuará cada vez que Argentina intente trabar la actividad comercial del Reino Unido. En la misma línea, el canciller Ed Miliband, quien según la empresa Navitas autorizó la actividad de Sea Lion, calificó de inaceptables los intentos argentinos de intimidar a empresas y particulares, y ratificó el respaldo al derecho de los isleños a definir su propio futuro. Un día antes, el primer ministro Andy Burnham ya había defendido el proyecto ante la Cámara de los Comunes, donde contó que planteó el tema al presidente estadounidense Donald Trump y aseguró que su gobierno hará lo necesario para sostener la voluntad de los habitantes de las islas.
El reclamo argentino ante el Tribunal del Mar
Durante la mañana, la Cancillería y la Secretaría de Legal y Técnica presentaron ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) un pedido de medidas provisionales, es decir, resoluciones urgentes que rigen mientras se resuelve el fondo de un conflicto. La solicitud incluye cuatro puntos: prohibir nuevas actividades extractivas, restringir el uso de la información técnica obtenida en las exploraciones, exigir que el Reino Unido no otorgue nuevos permisos y preservar los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental.
El planteo se enmarca en el arbitraje iniciado el 28 de septiembre bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), el tratado internacional que regula el uso de los océanos. Un dato no menor: las decisiones provisionales que dicte el TIDM son de cumplimiento obligatorio para los Estados involucrados.
Cómo es el proyecto Sea Lion
El yacimiento se ubica a unos 240 kilómetros al norte de las islas, en aguas de alrededor de 500 metros de profundidad. Lo lidera la israelí Navitas junto a la británica Rockhopper Exploration, que comenzaron a perforar a principios de 2026. El plan contempla 23 pozos en el sector norte y dos buques de producción para procesar y trasladar el crudo. De acuerdo con las estimaciones de las compañías, la extracción podría arrancar en 2028 y alcanzar hasta 180.000 barriles diarios.
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