La Justicia federal avanzó con una investigación por presunto lavado de activos contra Andrés «Pillín» Bracamonte, histórico jefe de la barra brava de Rosario Central, y Carlos Vergara, exsecretario general de la Uocra. La causa, que quedó en manos del fuero federal tras un conflicto de competencia con la Justicia provincial, busca determinar si los vehículos y propiedades que ambos adquirieron se pagaron con dinero obtenido a partir de negocios basados en extorsiones.
Bracamonte fue asesinado a tiros en noviembre de 2024, a pocos metros del Gigante de Arroyito. Sin embargo, la pesquisa sobre su patrimonio continúa y ahora alcanza también a bienes que quedaron en poder de su entorno familiar.
Allanamientos en Rosario y la región
Los operativos estuvieron a cargo de la Sección de Delitos Económicos de Gendarmería y se realizaron el 28 de septiembre. Los efectivos ingresaron a cinco domicilios:
- el country Los Álamos de Ibarlucea, donde vivía «Pillín»;
- Álvarez Thomas al 1800, en la zona norte de Rosario;
- Chaco al 300 y Sarmiento al 200, en Granadero Baigorria;
- Alemania al 1100, en San Lorenzo.
En esos procedimientos se secuestraron once vehículos, dinero en efectivo, un arma de fuego, cartuchos, celulares y documentación útil para la causa.
Las medidas fueron solicitadas por los fiscales Diego Velasco y Juan Argibay Molina, de la Procelac (la procuraduría especializada en criminalidad económica y lavado de activos); Matías Scilabra, de la Procunar (narcocriminalidad); y Federico Reynares Solari, del Área de Casos Complejos.
Lo que ganaban y lo que tenían
El eje de la investigación es la diferencia entre lo que Bracamonte y Vergara declaraban ante el fisco y el patrimonio que efectivamente manejaban. Según los fiscales, esa brecha no tiene una explicación clara.
Para reconstruirla, el Ministerio Público Fiscal pidió información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al Banco Central, a la Unidad de Información Financiera (UIF) y al Registro de la Propiedad Automotor. Los datos muestran que Bracamonte estaba inscripto en la categoría F del monotributo y Vergara en la categoría G, es decir, en el régimen simplificado pensado para pequeños contribuyentes. Aun así, registraron 46 viajes internacionales entre 2013 y 2024, con destinos como Estados Unidos, España, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.
Además, los investigadores detectaron la creación de varias sociedades comerciales, compras de bienes y operaciones financieras que consideran, como mínimo, sospechosas.
Decomiso de bienes en manos de la familia
Como parte de la causa, los fiscales pidieron el decomiso anticipado de bienes que estaban en poder de la familia de Bracamonte: su hijo, «Andresito», y tanto su expareja como su última pareja. Esta herramienta permite que el Estado retenga bienes sospechados de tener origen ilícito antes de que haya una sentencia, para evitar que se vendan o se oculten.
La Procelac ya venía profundizando desde 2024 el análisis del patrimonio de quien por entonces lideraba la barra canalla y del titular del gremio de la construcción.
El antecedente: viandas, baños químicos y empleos fantasma
Algunas de las personas alcanzadas por esta investigación ya habían aparecido en una causa provincial de 2023. En ese expediente, Bracamonte y Vergara fueron imputados como líderes de una presunta asociación ilícita junto a otras personas vinculadas a la Uocra y a empresas del barra.
Según aquella acusación, el grupo usaba amenazas y extorsiones para hacer negocios millonarios: imponía el servicio de viandas y de baños químicos en obras en construcción y conseguía que las constructoras contrataran a familiares que en realidad no trabajaban, entre otras maniobras. Ahora, la Justicia federal intenta seguir el rastro de ese dinero.
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