La Fiscalía archivó la causa contra tres psicólogas de Rosario a quienes un grupo de abogados acusaba de elaborar informes falsos de abuso infantil con el fin de alejar a niños y niñas de uno de sus padres. La decisión fue tomada por las fiscales Guillermina Aiello y Bárbara Glikman, quienes concluyeron que no había elementos serios, precisos y verosímiles para avanzar con un proceso penal.
Qué decía la denuncia
La presentación había sido realizada en septiembre de 2025, aunque tomó estado público a comienzos de este año. Apuntaba contra las profesionales identificadas como P.B.A., G.R.S. y N.V.A., señaladas como supuestas integrantes de una asociación ilícita.
Según los denunciantes, las psicólogas habrían confeccionado informes falsos sobre menores cuyos padres o madres habían denunciado abusos, para sostener esas acusaciones y así impedir que el otro progenitor mantuviera contacto con sus hijos.
Por qué se archivó
En su resolución, las fiscales explicaron que no estar de acuerdo con el contenido de un informe no lo convierte en falso. Para que exista delito, remarcaron, debe probarse que hubo intención deliberada de engañar, algo que no pudo acreditarse con evidencia objetiva.
En ese sentido, advirtieron que tratar un desacuerdo profesional o un diagnóstico equivocado como si fuera un delito afectaría el principio de legalidad. Si existiera una eventual mala praxis, indicaron, el ámbito para analizarla es el Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos, no la Justicia penal.
Aiello y Glikman también señalaron que en cada informe las profesionales detallaron cómo llegaron a sus conclusiones y qué metodología utilizaron. Si bien muchos de esos trabajos fueron cuestionados por otros psicólogos, esas críticas apuntaron al método o a la interpretación de conductas y relatos, sin afirmar que se tratara de informes fraguados.
Sin pruebas de una asociación ilícita
Respecto de la figura de asociación ilícita, las fiscales recordaron que para configurarla debe existir un acuerdo de voluntades, con cierta permanencia en el tiempo, para cometer delitos de manera indeterminada. En este caso, sostuvieron, no hay ninguna prueba de ello.
Según la resolución, que varias profesionales compartan una misma mirada, metodología o marco teórico dentro de su disciplina no implica un pacto criminal para perjudicar a padres o madres.
Por último, las fiscales calificaron como infundada la sospecha de que, por cobrar honorarios por el tratamiento psicológico de los chicos, las profesionales hayan introducido falsedades en sus informes o promovido denuncias falsas.
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