El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes que las elecciones generales se adelantarán al domingo 29 de noviembre. Hasta ahora, el líder socialista había sostenido que los comicios se harían en 2027, al término de la legislatura iniciada en 2023.
La decisión llega después de dos golpes que sacudieron al Gobierno: el rechazo en el Congreso de dos decretos sobre vivienda el viernes pasado y la movilización social desatada por el desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años que fue expulsada de la casa donde vivía en Madrid. Su caso dejó al descubierto una crisis habitacional mucho más amplia en el país.
El detonante: los alquileres
Los decretos buscaban aliviar el alto costo de los alquileres, un problema que España arrastra desde hace varios años. En contra votaron el Partido Popular, Vox y los independentistas catalanes de Junts, cuyos votos resultaron decisivos para frenar las medidas.
La votación se dio en medio de un clima de protesta creciente, con grandes marchas y acampadas en distintas ciudades —la principal, en Madrid— para exigir el acceso a una vivienda digna y asequible y que se detengan los desalojos de inquilinos en situación vulnerable. Tras la derrota parlamentaria, Sánchez se tomó el fin de semana para evaluar si adelantaba o no las elecciones. El domingo le comunicó su decisión al rey, y el lunes la hizo pública desde el Palacio de la Moncloa.
«Ola ultraderechista» o «justicia social»
En su mensaje, el mandatario planteó la elección como una disyuntiva: que los españoles decidan si el país se suma a la «ola ultraderechista», que a su entender implica retroceso y recorte de derechos, o si sigue apostando por la apertura, la justicia social y el cuidado del ambiente.
Sánchez defendió la gestión de su gobierno y destacó que fortaleció el Estado de bienestar sin resignarlo frente a la exigencia de Estados Unidos y la OTAN de elevar el gasto militar al 5%. Sin embargo, también reconoció errores y admitió que no logró cumplir todo lo que se había propuesto.
Por eso, explicó, busca una mayoría progresista más amplia que le permita avanzar en nuevas conquistas sociales y enfrentar a las élites.
Un gobierno en minoría y bajo presión
El Ejecutivo, una coalición entre el PSOE y Sumar, no tiene mayoría propia en el Congreso y cada vez le resultaba más difícil aprobar leyes, en especial por la falta de apoyo de Junts.
A ese escenario se suman las investigaciones por corrupción que alcanzan al Partido Socialista y las causas judiciales que involucran a familiares directos del presidente.
En su discurso, Sánchez apuntó contra el PP y Vox, a quienes calificó como la peor oposición de la historia democrática española. Los acusó de bloquear medidas beneficiosas para la población, de usar su poder en regiones y municipios para trabar políticas del Gobierno central e incluso de poner en duda la legitimidad del sistema electoral.
En cambio, agradeció a las fuerzas que, pese a sus diferencias, acompañaron acuerdos en favor de la mayoría. Aun así, reconoció que parte de esa base social hoy siente malestar al ver cómo, según sus palabras, sus intereses quedan relegados en el Parlamento en favor de unos pocos.
Sobre el final, el presidente advirtió que el mundo atraviesa una etapa de grandes riesgos, marcada por la emergencia climática, los cambios sociales y el avance de una inteligencia artificial que definió como muy disruptiva.
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