La Sala I de la Cámara Federal rechazó un pedido de nulidad presentado por su defensa y ratificó la validez de todas las actuaciones realizadas hasta el momento, lo que despeja el camino para que la investigación avance hacia el juicio oral. Fernández se encuentra procesado desde febrero de 2025 por los delitos de lesiones leves reiteradas, lesiones graves y amenazas coactivas, una resolución que ya había sido confirmada por la Cámara Federal.
No obstante, dos de los tres jueces que integran el tribunal consideraron que todavía deben incorporarse nuevas medidas de prueba antes de resolver de manera definitiva la situación procesal del exmandatario.
La defensa había solicitado la nulidad del expediente al sostener que el juez Julián Ercolini, quien llevó adelante gran parte de la instrucción, fue apartado de la causa por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. Sin embargo, los camaristas recordaron que ese mismo fallo estableció expresamente que el apartamiento del magistrado no afectaba la validez de las actuaciones ya realizadas.
«La respuesta a las objeciones de Fernández está dada en el mismo fallo de la Casación, que puso expresamente un límite a las consecuencias procesales del apartamiento decidido, consignando que ello era sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos», sostuvo el juez Eduardo Farah en su voto.
La investigación había quedado prácticamente lista para ser elevada a juicio oral luego de que el fiscal Ramiro González formulara ese pedido en agosto del año pasado. Sin embargo, distintos recursos presentados por la defensa y el cambio de magistrado demoraron el avance del expediente, que actualmente se encuentra a cargo del juez Daniel Rafecas.
Si bien el fallo ratifica la legalidad del proceso, la Cámara dejó abierta la posibilidad de que la defensa solicite nuevas medidas de prueba, una situación que podría volver a extender los tiempos judiciales.
La causa se originó como un desprendimiento del expediente conocido como «Seguros», en el que se investigan presuntas irregularidades en contrataciones del Estado durante la gestión de Alberto Fernández. En ese marco, durante el análisis del teléfono celular de María Cantero, exsecretaria presidencial, surgieron conversaciones que hacían referencia a posibles episodios de violencia contra Fabiola Yañez.
A partir de ese material, la ex primera dama impulsó una denuncia penal que dio origen a la investigación. Entre los hechos que analiza la Justicia figuran dos presuntas agresiones físicas: una lesión en el rostro, a la altura del ojo, y otro episodio que le habría provocado hematomas en uno de sus brazos.
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