El Gobierno nacional oficializó este viernes la promulgación de la Ley 27.804, que introduce cambios estructurales a la normativa de protección de glaciares vigente desde 2010. La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece un nuevo paradigma que busca equilibrar la preservación ambiental con el desarrollo económico, otorgando un rol protagónico a las provincias.
Los 3 cambios clave de la nueva normativa
Protección basada en la «función hídrica»: A diferencia de la ley anterior, que aplicaba restricciones generales, ahora solo estarán protegidos aquellos glaciares y áreas periglaciares que tengan una función hídrica comprobada mediante estudios técnicos.
Federalismo ambiental: Las provincias recuperan el dominio sobre sus recursos. Serán las autoridades locales quienes evalúen y definan qué zonas se protegen y cuáles se habilitan para proyectos productivos.
Evaluaciones «caso por caso»: Se elimina el sistema de vetos totales. Cualquier actividad nueva deberá presentar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que deberá ser aprobada por la jurisdicción correspondiente.
Aunque el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) mantendrá el inventario nacional de glaciares, su función será estrictamente técnica. El organismo funcionará como una referencia de consulta, pero no tendrá facultades para bloquear las decisiones finales de los gobiernos provinciales.
Para evitar vacíos legales, la ley incorpora el principio precautorio: todas las zonas incluidas en el inventario actual se considerarán protegidas «por defecto». Para ser excluidas o intervenidas, se deberán presentar pruebas científicas que demuestren que dicha área no cumple funciones vitales de reserva de agua.
La reforma llega tras una votación dividida en el Congreso el pasado 9 de abril, donde obtuvo 137 votos a favor y 111 en contra. La sesión estuvo marcada por intensas protestas de organizaciones ambientales en las puertas del Parlamento.
Desde la Casa Rosada defendieron la iniciativa argumentando que la ley anterior presentaba «vicios de discrecionalidad» que frenaban inversiones estratégicas. «Estamos precisando con criterios científicos qué debe protegerse, eliminando obstáculos al crecimiento pero garantizando la participación ciudadana», señalaron fuentes oficiales.
La reforma responde a un reclamo histórico de las provincias cordilleranas, especialmente aquellas con potencial minero, que buscaban reglas más claras para operar en zonas de alta montaña.
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