Este lunes 12 de octubre vence el plazo de dos semanas que el gobierno de Javier Milei concedió al Reino Unido para detener las actividades vinculadas con el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, desarrollado en la Cuenca Malvinas Norte. Ante la falta de una solución diplomática, la Cancillería prepara una presentación ante el Tribunal de Derecho del Mar.
Argentina no puede ordenar por sí misma la paralización del proyecto, por tal el objetivo es conseguir una intervención judicial antes de que comiencen las perforaciones de desarrollo, previstas para 2027, y de la primera producción comercial de petróleo, proyectada para 2028.
El procedimiento exige la fundamentación de la urgencia del reclamo y la demostración de que la continuidad de las actividades podría afectar derechos que se encuentran bajo controversia. De esta forma, se podrían dictar medidas provisorias, imponer restricciones o rechazar el planteo.
La presentación todavía no tiene una fecha confirmada. Si el pedido se formaliza durante octubre, una primera resolución podría conocerse en noviembre, aunque no existe un plazo automático que garantice esa fecha.
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