Al menos 50 alumnas del Colegio Modelo Lomas, en Lomas de Zamora, habrían sido víctimas de un grupo de estudiantes que utilizó herramientas de inteligencia artificial para fabricar imágenes falsas de desnudos a partir de fotos de sus compañeras. Según denunciaron las familias, ese material circuló entre estudiantes y además habría sido ofrecido en sitios web y plataformas para adultos.
El caso derivó en una protesta de estudiantes y padres frente a la escuela y en una denuncia judicial colectiva ante la UFI 6 de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora. Las familias buscan determinar quiénes participaron en la producción y difusión de las imágenes, cómo obtuvieron las fotos originales y hasta dónde llegó el material.
Reclamos a la escuela
La protesta comenzó el miércoles por la mañana con una sentada en la puerta del colegio. Los padres apuntaron contra las autoridades escolares, a quienes acusan de haber conocido la situación con anticipación y no haber informado a las familias.
Según su relato, las primeras alumnas afectadas habrían detectado lo que ocurría hace aproximadamente un mes y se lo habrían contado a integrantes de la institución. Sin embargo, de acuerdo con las familias, la escuela no comunicó lo sucedido en ese momento.
Micaela, madre de una de las adolescentes, contó que durante ese tiempo las chicas atravesaron momentos de mucha angustia y que algunas cambiaron su comportamiento. «Esto les viene impactando hace un mes», afirmó, y aseguró que a las estudiantes les pedían que no hablaran del tema para que sus padres no se enteraran.
La mujer explicó que las familias empezaron a notar cambios en sus hijas: más retraimiento, preocupación por sus celulares y necesidad de estar solas. Finalmente, algunas se animaron a contar lo que les pasaba.
Además de esclarecer cómo se consiguieron las fotos, a los padres les preocupa el alcance del material: quieren saber si fue subido a plataformas de internet y quiénes pudieron acceder a él. Tras una investigación interna, el colegio habría identificado a cuatro estudiantes señalados como responsables, que por ahora continúan con sus clases de manera virtual mientras se analiza la situación.
Una práctica que se repite
El caso se suma a otros episodios recientes. En agosto, alumnas del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini denunciaron una situación similar: fotos de estudiantes habían sido manipuladas con inteligencia artificial para crear deepfakes sexuales.
En ese caso se abrió una investigación institucional por violencia sexual digital, se activaron los protocolos de violencia de género y los estudiantes señalados, todos menores de edad, fueron suspendidos. La repetición de estos hechos reabrió la discusión sobre los límites y las responsabilidades frente a herramientas capaces de generar imágenes falsas con gran realismo, en especial cuando las víctimas son menores.
Bajo el nuevo régimen penal
En la causa de Lomas de Zamora, dos de los adolescentes involucrados, de 15 años, quedaron alcanzados por el nuevo Régimen Penal Juvenil. Por el momento, la Justicia no dio a conocer la calificación legal de los hechos que se les imputan.
Una de las hipótesis sobre cómo salió a la luz el caso indica que uno de los jóvenes habría intentado cobrarles dinero a otros estudiantes a cambio de no revelar su participación. Esa situación habría expuesto la maniobra y permitido que las alumnas se enteraran de la existencia de las imágenes.
Un vacío legal
El episodio pone sobre la mesa un problema que va más allá de las escuelas y la Justicia: la legislación argentina reconoce la violencia ejercida por medios digitales, pero la creación de imágenes sexuales falsas con inteligencia artificial no está tipificada como un delito específico.
Desde 2023, la Ley Olimpia (27.736) incorporó la violencia digital entre las modalidades previstas por la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, y reconoce la necesidad de proteger también en entornos digitales derechos como la dignidad, la reputación y la identidad.
Sin embargo, la aparición de herramientas capaces de «desnudar» digitalmente a una persona sin su consentimiento abrió zonas grises en el plano penal. Mientras las familias reclaman respuestas, los casos se multiplican y obligan a debatir cómo enfrentar una forma de violencia que puede producirse en segundos y cuya circulación es difícil de dimensionar.
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