A casi un mes de que estallara la saga de denuncias de abuso sexual en el Jardín de Infantes 261 Paulo Freire, la Justicia de Rosario dispuso este viernes la liberación del portero que había sido detenido por esos delitos. Pese a la medida, la causa continúa abierta y el hombre deberá cumplir una serie de reglas de conducta.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó la decisión luego de una audiencia convocada para revisar la medida cautelar, que vencía en septiembre. La fiscal Julia Feldman se opuso al pedido de la defensa de Rubén L. e insistió en sostener la prisión preventiva por 90 días, pero su planteo no prosperó. El juez Rafael Coria resolvió otorgar la libertad al asistente escolar de 55 años tras analizar nueva información surgida de la investigación penal. De todos modos, el imputado tiene prohibido acercarse a las familias denunciantes de Empalme Graneros o establecer contacto con ellas, entre otras restricciones.
El Ministerio de Educación de Santa Fe había apartado a Rubén L. de sus funciones el 10 de junio. Ese miércoles se produjeron fuertes disturbios a raíz de la protesta de madres y padres que lo señalaban como responsable de abuso sexual dentro del establecimiento.
El sospechoso permaneció detenido durante una semana de fuerte tensión, mientras las familias reclamaban el traslado de sus hijos y el jardín cerraba temporalmente sus puertas. Las autoridades provinciales dispusieron entonces una intervención total de la institución para designar un nuevo equipo directivo y reemplazar a las docentes que trabajaban allí.
El asistente escolar fue imputado el 17 de junio en el Centro de Justicia Penal. En la actualidad, el MPA continúa investigando tres hechos ocurridos dentro de la institución, aunque en un primer momento había trascendido una lista de 14 denuncias bajo estudio de la unidad especializada en este tipo de delitos.
El primer caso, a cargo de la fiscal Antonela Valente, involucra a un niño menor de edad. Los investigadores presumen que, además de sufrir agresiones reiteradas contra su integridad sexual, el chico fue amenazado para que no relatara lo ocurrido.
Las otras dos denuncias corresponden a alumnos de 5 años que habrían atravesado situaciones similares. Tras esa presentación, el juez había dispuesto la prisión preventiva por 90 días, con posibilidad de prórroga automática si se pedía una audiencia preliminar para avanzar hacia el juicio.
Al revisar la nueva evidencia incorporada a la causa, Coria hizo lugar al pedido de la defensa, aunque bajo determinadas condiciones. En primer término, el asistente escolar tiene prohibido salir de la provincia de Santa Fe hasta el 3 de noviembre y debe presentarse cada 15 días ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).
Además, el imputado no podrá comunicarse con las familias denunciantes durante el mismo período, lo que incluye evitar el contacto presencial, el uso de redes sociales o cualquier acercamiento por interpósita persona.
Por último, Rubén L. deberá mantenerse a una distancia mínima de 500 metros del Jardín Paulo Freire, radio que también rige para evitar cruces con los alumnos o sus familiares. Si el encuentro se produjera de manera casual, el hombre estará obligado a retirarse hasta alcanzar la distancia establecida.
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