El exjefe de Gabinete Manuel Adorni no podrá abandonar el país sin antes pasar por la Justicia. Así lo resolvió en las últimas horas el juez federal Ariel Lijo, a cargo de la causa por enriquecimiento ilícito que pesa sobre el exfuncionario libertario. Al mismo tiempo, en los tribunales de Comodoro Py se rechazó un nuevo pedido de los denunciantes para avanzar hacia su detención.
Este viernes, el fiscal Gerardo Pollicita —quien lleva adelante la investigación sobre el patrimonio de Adorni— presentó un dictamen en el que descartó riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa, pero solicitó que el exvocero informe con anticipación cualquier salida del país, de modo que la Justicia pueda «evaluar la pertinencia y razonabilidad» de cada viaje.
El juez Lijo hizo lugar a ese pedido, en lo que constituye la primera medida restrictiva dictada contra Adorni desde la apertura del expediente. La disposición alcanza únicamente al exfuncionario y no a su esposa, Bettina Angeletti, quien también está bajo investigación.
Antes de conocerse esta resolución, Adorni —a través de un escrito de su abogado, Matías Ledesma— había informado a la Justicia que se encuentra en el país y que no tiene previsto viajar al exterior en el corto plazo. Esta aclaración llegó después de que, tras su salida de la coordinación del Gabinete de ministros de Javier Milei, circularan versiones periodísticas sobre una posible mudanza a Uruguay.
Rechazo a los pedidos de detención
El abogado Gregorio Dalbón y la diputada nacional Marcela Pagano, ambos denunciantes de Adorni, habían solicitado su detención o, en su defecto, la prohibición de salida del país y la retención de su pasaporte. Tanto el fiscal como el juez desestimaron ambos pedidos.
Pollicita fundamentó el rechazo señalando que Adorni no incurrió en «reparos innecesarios» ni en «dilaciones» que perjudicaran el avance de la causa. Incluso consideró que las conversaciones mantenidas entre el exjefe de Gabinete y el contratista Matías Tabar, previas a su testimonio, no constituyeron un intento de entorpecimiento, ya que fue precisamente esa declaración la que más comprometió a Adorni. Tabar es el contratista que remodeló la vivienda del exfuncionario en el country Indio Cuá, donde se habrían invertido al menos 245.000 dólares en refacciones y equipamiento.
Para descartar la detención, el fiscal también ponderó que Adorni carece de antecedentes penales, posee bienes en el país y mantiene una residencia habitual junto a su familia, lo que —a su criterio— descarta el riesgo de fuga invocado por los denunciantes.
Qué sigue en la causa
En las próximas semanas, el exjefe de Gabinete deberá ofrecer sus primeras explicaciones formales ante los tribunales de Comodoro Py. El fiscal Pollicita prepara un requerimiento de justificación patrimonial, que se apoyará en un informe de la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI). Ese estudio determinará si el patrimonio de Adorni presenta inconsistencias y de qué magnitud. Según las versiones más optimistas en tribunales, el informe podría estar listo antes de que comience la feria judicial de invierno, dentro de menos de tres semanas.
Ese requerimiento representará la primera oportunidad formal para que Adorni explique el origen de su patrimonio. Públicamente, el exfuncionario sostuvo que contaba con 500.000 dólares no declarados, provenientes en su momento de criptomonedas, una versión que todavía no fue corroborada judicialmente. Si sus explicaciones no logran disipar las sospechas del fiscal, el próximo paso sería una citación a declaración indagatoria.
Esta semana declararon los últimos testigos antes de que la causa avance a esa etapa. Gisela Kocsis, Luis Enrique Alujú y Laura Daniela Schiuma —empleados y funcionarios de la Vocería Presidencial— reconocieron ante la Justicia haber prestado su nombre o sus tarjetas de crédito para que Adorni realizara compras millonarias sin dejar rastros, en lo que se sospecha era un mecanismo para ocultar gastos que no podía justificar con sus ingresos legales.
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