Tras una maratónica sesión que comenzó el jueves por la tarde y se extendió hasta la madrugada del viernes, el oficialismo y sus aliados lograron dar el primer paso en el Congreso para aprobar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La iniciativa, que introduce la figura del «desalojo exprés», pasó ahora a la Cámara de Diputados.
A pesar del fuerte impacto político de la medida, los propios términos del proyecto eximen a Rosario y al resto de la provincia de sufrir modificaciones inmediatas en su mercado inmobiliario.
La reforma aprobada modifica una decena de artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Al tratarse de una normativa de aplicación federal, no rige sobre los tribunales de Santa Fe, provincia que cuenta con sus propias leyes de procedimiento.
De esta manera, aunque la Cámara de Diputados convierta el proyecto en ley y este sea promulgado, los plazos y condiciones para desalojar a un inquilino a nivel local no cambiarán. La única forma de que la medida tenga efecto en la región es que la Legislatura santafesina decida reformar la Ley Provincial 5.531 para adecuarla al nuevo marco nacional.
En diálogo con Escenario Mercenario, José Ellena, corredor inmobiliario y vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir), analizó el escenario y respaldó el espíritu de la reforma, aunque pidió cautela.
«El proyecto pasó a Diputados y hay que ver cómo se implementa, porque cada provincia lo tiene que evaluar. El desalojo exprés ya está vigente en Mendoza y en CABA: ante el incumplimiento del pago se intima, hay un tiempo de espera y se procede. Es mucho más rápido y ejecutivo», explicó Ellena.
El referente del sector comparó los plazos actuales con los que promete el nuevo proyecto: «Hoy un desalojo con causa y sentencia te puede llevar un año y medio o dos años. Con esta ley, el trámite se reduciría a tres meses».
Según el vicepresidente de Cocir, la lentitud de la Justicia actual responde a la naturaleza del conflicto. «Al juez le cuesta socialmente dejar a una familia en la calle. Es un tema social, no es el cobro de la cuota de un auto o un cheque. Sin embargo, esta ley sería una buena herramienta para el mercado y también para los casos de casas usurpadas», argumentó.
Para Ellena, la aceleración de los desalojos permitiría replicar modelos internacionales que facilitan el acceso a la vivienda, aunque con reglas más estrictas ante la falta de pago. «Esta ley baja el umbral de requerimientos para alquilar. En Estados Unidos se puede alquilar solo con un recibo de sueldo, pero al mes que no pagaste, te sacan a patadas», graficó.
Finalmente, el corredor inmobiliario enfatizó que la desprotección habitacional no debe ser absorbida por los propietarios bonaerenses o santafesinos: «Cuando hay cuestiones sociales se debe hacer cargo el Estado, no un particular», sentenció, advirtiendo sobre la delicada situación de los sectores vulnerables, como los matrimonios de jubilados que no pueden afrontar los aumentos.
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