La investigación sobre una presunta red de entrega ilegal de bebés que habría funcionado en Rosario y localidades de la región entre fines de los años 60 y la década del 80 suma este martes un nuevo capítulo. La Justicia Federal de Rosario analiza la situación de Silvia Viale, partera que trabajó en el Hospital Roque Sáenz Peña y que fue denunciada por hechos similares a los que se le atribuyen a su hermana, Dolly Viale. La audiencia está prevista para las 13 en la sala 2 del Tribunal Federal de Rosario, en Oroño 940.
Prescripción o delito continuado
El eje de la audiencia es si la causa puede seguir adelante. La defensa de Silvia Viale sostiene que la acción penal está prescripta, es decir, que por el tiempo transcurrido ya no se podría juzgar a la acusada. La querella, en cambio, plantea que se trata de un delito continuado: sus efectos siguen hasta hoy, porque las víctimas todavía no conocen su origen biológico.
El abogado Juan Singer, que representa al menos a dos denunciantes, estimó que el tribunal podría seguir el mismo criterio que aplicó la semana pasada en el caso de Dolly Viale y rechazar la prescripción para que la investigación continúe.
Qué se investiga
La causa está a cargo de la fiscal federal Soledad García, de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas de la Unidad Fiscal Rosario. La hipótesis es que existió un mecanismo organizado para separar a recién nacidos de sus madres, alterar sus partidas de nacimiento y entregarlos a otras familias a cambio de dinero.
Los casos denunciados apuntan principalmente al Hospital Roque Sáenz Peña, donde Dolly Viale trabajó entre 1968 y 1980. Silvia también habría desempeñado allí parte de su tarea antes de pasar a una clínica privada. La investigación busca determinar, además, si la maniobra alcanzó a otros centros de salud de Rosario y de localidades como Cañada de Gómez y Casilda.
Según los testimonios reunidos, las parteras habrían usado certificados de nacido vivo para anotar como padres biológicos a personas que no lo eran. En algunos casos, a las mujeres que acababan de dar a luz les habrían dicho que sus hijos habían nacido muertos.
La querella intenta establecer si ambas hermanas actuaban de manera coordinada, en un procedimiento que habría comenzado con su intervención en el parto, seguido por la confección de documentación presuntamente falsa, y terminado con la entrega del bebé a otra familia y la supresión de su identidad de origen.
La causa contra Dolly Viale
En paralelo avanza el expediente contra Dolly Viale, de 88 años. La fiscalía la acusa de haber confeccionado en 1970 un certificado de nacimiento con datos falsos sobre la filiación de una niña que luego fue inscripta como Carmen Quiroga.
La investigación comenzó cuando la mujer se hizo un estudio de ADN y comprobó que quien figuraba como su madre en la partida no tenía ningún vínculo biológico con ella: el análisis dio una probabilidad de parentesco del cero por ciento. Antes de morir, su madre de crianza le había dado información que indicaba que había sido entregada a cambio de dinero.
Según la acusación, la documentación ubicaba el nacimiento en el Hospital Roque Sáenz Peña e incluía como padres biológicos a dos personas que no lo eran. La fiscalía sumó además otras cinco denuncias de personas que relatan situaciones similares, con el objetivo de determinar si hubo un mecanismo sistemático durante los años en que la partera trabajó en la maternidad.
El antecedente que podría repetirse
En el caso de Dolly, la defensa también había pedido la prescripción. El juez federal de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz rechazó ese planteo, al entender que la supresión de identidad puede considerarse un delito continuado, ya que sus efectos persisten mientras las víctimas no puedan conocer su verdadera filiación.
El magistrado también ordenó una extracción compulsiva de ADN a la partera para determinar si tiene vínculo biológico con una de las denunciantes, una mujer que fue criada como su hija.
Dolly Viale seguirá el proceso en libertad, con la obligación de presentarse periódicamente, entregar su pasaporte, no salir del país, mantenerse alejada de las víctimas e informar cualquier cambio de domicilio.
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