La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó este viernes una presentación judicial contra la reforma laboral recientemente oficializada por el Gobierno. A través de un recurso de amparo, la cúpula sindical busca frenar la aplicación de varios artículos de la denominada Ley de Modernización Laboral, bajo el argumento de que representan un retroceso «regresivo» en los derechos de los trabajadores.
Según explicaron desde la central obrera, la demanda se fundamenta en la violación de garantías constitucionales y tratados internacionales con jerarquía superior a las leyes nacionales.
Violación del Artículo 14 bis: La CGT sostiene que la reforma ignora la protección especial que la Constitución Nacional otorga al trabajador como parte débil de la relación laboral.
Principio de No Regresividad: Los abogados sindicales argumentan que, según el derecho social, las conquistas laborales no pueden ser eliminadas o disminuidas por normativas posteriores.
Contradicción con la OIT: El planteo señala que diversos puntos chocan con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y el Pacto de San José de Costa Rica.
Jorge Sola, cosecretario general de la CGT y titular del Sindicato del Seguro, fue uno de los voceros de la medida. «En una relación laboral, el derecho del trabajador debe ser el primer resguardo. Hoy, esa protección no está ocurriendo», afirmó el dirigente.
Sola advirtió que la reforma introduce cambios críticos en áreas sensibles como:
El cálculo de las indemnizaciones.
El régimen de horas extras.
El ejercicio del derecho de huelga.
La judicialización de la reforma no es una sorpresa. La CGT ya había adelantado su estrategia legal incluso antes de la aprobación del proyecto en el Senado. A través de sus canales oficiales, la central reafirmó su postura combativa: «Hay una gran cantidad de puntos que son inconstitucionales».
Con esta presentación, la batalla por la reforma laboral se traslada ahora a los tribunales, donde la Justicia deberá decidir si suspende los efectos de la ley mediante una medida cautelar o si ratifica la validez de la nueva normativa impulsada por el Ejecutivo.
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