Tres expolicías y un exsecretario judicial comenzaron a ser juzgados este martes en Santa Fe por crímenes de lesa humanidad cometidos en 1980 durante la última dictadura militar. El proceso tiene una característica inédita a nivel nacional: es la primera vez que se abordan delitos cometidos específicamente contra niños y niñas en el marco del terrorismo de Estado.
El debate oral se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe y tiene como imputados a los exintegrantes del área de inteligencia de la policía provincial Eduardo Enrique Riuli, Oscar Alberto Cayetano Valdez y Antonio Parvellotti, junto al exsecretario judicial federal Víctor Hermes Brusa.
Los acusados enfrentan cargos por secuestros, tormentos, allanamientos ilegales y abandono de menores, entre otros delitos cometidos contra 34 víctimas en distintas localidades santafesinas y en la ciudad bonaerense de Lima. Los hechos ocurrieron entre febrero y junio de 1980 en el marco del circuito represivo que operaba alrededor del Departamento de Informaciones D-2 de la Policía de Santa Fe, uno de los principales centros clandestinos de detención de la provincia.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, las víctimas eran secuestradas, mantenidas encapuchadas y esposadas, sometidas a torturas físicas y psicológicas, y luego trasladadas a cárceles o dependencias judiciales donde eran obligadas a firmar declaraciones bajo amenazas y apremios ilegales.
Uno de los hechos más graves del juicio ocurrió el 15 de febrero de 1980 en Lima, provincia de Buenos Aires, cuando personal policial irrumpió sin orden judicial en una ladrillera y secuestró a Arnaldo Catalino Páez, su esposa y su hijo mayor. Como consecuencia del operativo, seis hijos del matrimonio —de entre un mes y medio y 12 años— quedaron abandonados, debieron salir solos a buscar ayuda y encontraron su casa saqueada al regresar.
La fiscalía fue contundente al respecto: «Este abandono no fue una consecuencia accidental sino una derivación directa del procedimiento ilegal».
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