La fiscal de menores Ana Laura Gioria imputó a dos jóvenes de 16 y 18 años por amenazas de atentados en una escuela de Llambi Campbell, localidad ubicada a unos 50 kilómetros de la capital santafesina. La decisión marca un punto de inflexión en la provincia de Santa Fe: son los primeros adolescentes imputados penalmente por este tipo de hechos tras el crimen de Ian Cabrera en San Cristóbal.
La audiencia se realizó en los tribunales de Esperanza. Los acusados, identificados como J.O. y Yamil Alexander G. —este último mayor de edad—, fueron imputados por amenazas coactivas e intimidación pública en concurso ideal.
Tras la imputación, la Justicia dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva, que ya fueron notificadas a la institución educativa. En paralelo, se investiga a un tercer involucrado, un menor de 15 años. Los sospechosos fueron identificados a partir de una nota hallada en el baño de la escuela con la advertencia: “Devuelvan los celulares o tiroteo”.
La principal hipótesis indica que el mensaje estaría vinculado a la prohibición del uso de teléfonos móviles dentro del establecimiento.
El caso representa un cambio en la respuesta judicial frente a amenazas escolares en Santa Fe. Se trata de los primeros imputados desde el hecho ocurrido en San Cristóbal, que terminó con la muerte del estudiante Ian Cabrera y generó un fuerte impacto en toda la provincia.
Desde entonces, las escuelas atraviesan un clima de creciente tensión, con reiteradas amenazas y despliegues de seguridad. En menos de una semana, el gobierno provincial registró más de 150 alertas por posibles ataques y logró identificar a siete personas responsables.
Endurecimiento de medidas y nuevo protocolo
El secretario de Análisis y Gestión de Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, advirtió que la situación se agrava por una “viralización negativa” de amenazas en baños, mensajes de WhatsApp y redes sociales.
En ese contexto, el gobierno santafesino implementó un protocolo para endurecer la respuesta ante estas “bromas”, consideradas delitos.
Las medidas incluyen:
- Procesos legales para los estudiantes involucrados
- Responsabilidad de los adultos en caso de menores
- Cobro de los operativos de seguridad
El ministro Pablo Cococcioni detalló que un procedimiento básico tiene un costo de entre 5 y 6 millones de pesos, desde la activación del 911 hasta la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La resolución 1.201/26 establece un sistema de intimación extrajudicial para recuperar esos gastos, con el objetivo de desalentar este tipo de amenazas. El avance de esta causa refleja un endurecimiento en la respuesta judicial, frente a hechos que generan alarma social, afectan el normal funcionamiento escolar y demandan un alto despliegue de recursos públicos.
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