Con media sanción del Senado, la reforma de la Ley de Glaciares comenzará a debatirse este miércoles en la Cámara de Diputados, en un plenario de comisiones donde el oficialismo intentará acelerar la firma del dictamen para llevar el proyecto al recinto antes de fin de mes.
La iniciativa propone modificar la Ley 26.639, que establece los Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. El cambio central apunta a eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en zonas periglaciales, habilitando desarrollos económicos siempre que cuenten con evaluación de impacto ambiental aprobada.
Según explicaron, el plenario reunirá a las comisiones de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente y de Asuntos Constitucionales, presididas por los libertarios José Peluc y el rosarino Nicolás Mayoraz, respectivamente. El debate está previsto para las 10.
En el oficialismo sostienen que la reforma podría convertirse en una herramienta clave para atraer inversiones internacionales, en especial de cara a la participación del presidente Javier Milei en el evento “Argentina Week 2026” en Nueva York la próxima semana. Con ese objetivo, buscarán imprimirle celeridad al tratamiento.
Del otro lado, la oposición anticipa una fuerte resistencia tanto en comisión como en el recinto. Cuestionan que la modificación dejaría sin efecto restricciones vigentes sobre áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos, fundamentales para el consumo humano, la biodiversidad y el equilibrio climático.
La normativa vigente, sancionada en 2010, protege tanto los glaciares como las formaciones periglaciares —compuestas por suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos—. La reforma mantiene la prohibición de actividades económicas sobre glaciares, pero abre la posibilidad de habilitar proyectos en áreas periglaciales que no acrediten una función hídrica comprobable.
La aprobación del proyecto también responde a un compromiso asumido con gobernadores de provincias cordilleranas, que reclaman una legislación más flexible para impulsar inversiones en minería e hidrocarburos.
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