Tras el fallo judicial que frenó el desalojo de la planta de Fate en San Fernando, la firma liderada por Javier Madanes Quintanilla envió una carta urgente a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). En el documento, la empresa advierte que, al encontrarse la planta «usurpada», no es posible garantizar las condiciones de seguridad física y radiológica de un acelerador lineal de electrones de 500 KeV.
Fate argumenta que, aunque son los licenciatarios responsables del equipo, la falta de acceso al predio les impide contar con el personal idóneo y el entorno controlado que exige la normativa vigente.
El conflicto tomó un giro legal determinante cuando la Sala II de la Cámara de Apelación de San Isidro revocó la orden de desalojo solicitada inicialmente. Los jueces Juan Stepaniuc, Luis Cayuela y Leonardo Pitlevnik fundamentaron su decisión en tres pilares:
Legitimidad sindical: La permanencia en la planta se considera una expresión del derecho a huelga protegido por el Artículo 14 bis de la Constitución.
Conflicto laboral, no penal: El tribunal rechazó que se trate de un delito de usurpación, encuadrándolo como una disputa por el despido de casi 920 operarios.
Protección del empleo: La medida busca preservar la fuente de trabajo de los empleados que resisten desde el 19 de febrero.
A la tensión en la planta se suma la presión del Ejecutivo. El Ministerio de Capital Humano confirmó que iniciará un sumario contra Fate por incumplir el pago de la segunda quincena de febrero, violando la conciliación obligatoria.
Sanciones previstas: La multa podría alcanzar entre el 50% y el 2000% del Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada trabajador afectado, según lo estipulado por la Ley 25.212.
Además, el Gobierno decidió prorrogar la conciliación por cinco días más, extendiendo el plazo hasta el 16 de marzo para intentar destrabar el conflicto.
Desde Fate sostienen que no se han liquidado los sueldos porque «el salario se abona contra la realización de un trabajo» y la planta se mantiene inactiva por la toma del gremio SUTNA. Aunque ofrecieron adelantos, estos fueron rechazados por los trabajadores.
Actualmente, de los 920 empleados afectados por el plan de cierre, unos 380 aún se resisten a acordar su salida. La empresa continúa con negociaciones individuales mientras el clima de incertidumbre crece tanto en el ámbito legal como en el de la seguridad industrial.
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