El debate por la reforma de la Ley de Glaciares (26.639) se realizará el próximo jueves en el Senado, en medio de un escenario de fuerte tensión política y ambiental. El oficialismo buscará redefinir el alcance de la protección del ambiente periglacial, con el argumento de favorecer inversiones en megaminería e hidrocarburos, una iniciativa que ya genera resistencia en sectores opositores y organizaciones ambientalistas.
El bloque de La Libertad Avanza impulsará cambios en artículos centrales de la norma, especialmente aquellos vinculados a la tutela de reservas hídricas estratégicas. La propuesta apunta a otorgar mayor potestad a las provincias sobre sus recursos naturales, en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario provincial.
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El rechazo opositor
Desde la oposición —principalmente el bloque justicialista— cuestionan la iniciativa al advertir que podría debilitar las restricciones vigentes sobre actividades productivas en zonas protegidas. Sostienen que la ley actual resguarda glaciares y cuencas hídricas, consideradas reservas clave de agua dulce, y alertan sobre el riesgo de afectar un recurso vital para la población.
Mientras el oficialismo defiende la necesidad de habilitar proyectos extractivos y dinamizar la economía regional, el peronismo pone el foco en la preservación de las fuentes de agua potable, eje central de la normativa vigente.
El oficialismo, por su parte, argumentó que la ley genera “inseguridad jurídica y parálisis de inversiones”, y plantea acotar la protección a aquellos glaciares que “cumplan una función hídrica efectiva y estratégica”, permitiendo así actividades productivas bajo criterios técnicos.
Además, remarcan que la modificación ampliaría la autonomía provincial, un planteo respaldado por distritos con potencial extractivo, como San Juan, Catamarca y Jujuy, donde existen proyectos vinculados a litio y cobre.
Historia de un conflicto
El debate no es nuevo. Desde el año pasado, cuando la reforma fue mencionada para sesiones extraordinarias, ya se advertían diferencias dentro del peronismo, particularmente entre representantes de provincias mineras. La discusión gira en torno a un dilema persistente: desarrollo productivo versus protección ambiental.
Si bien una parte mayoritaria del PJ rechaza la reforma, algunos legisladores de provincias cordilleranas se muestran más permeables a una flexibilización que habilite proyectos estratégicos.
El jefe del bloque justicialista, José Mayans, mantiene una postura crítica, alineada con sectores que priorizan la protección de los recursos hídricos.
Qué establece la ley vigente
La normativa actual garantiza una protección amplia de glaciares y ambiente periglacial, incluyendo suelos congelados que cumplen un rol clave en la regulación del agua. También prohíbe actividades que puedan comprometer su integridad, entre ellas la minería y la exploración hidrocarburífera en áreas sensibles.
Quienes respaldan la reforma aseguran que el objetivo es aportar “certezas técnicas” para compatibilizar producción y cuidado ambiental, sin eliminar los mecanismos de control.
El proyecto alternativo
En paralelo, el diputado Eduardo Valdés presentó un contraproyecto que busca fortalecer el régimen de protección. La iniciativa propone endurecer las restricciones en zonas glaciares, declarar el agua proveniente de estas formaciones como recurso estratégico nacional, y priorizar su preservación para consumo humano y riego.
El texto también plantea la actualización periódica del Inventario Nacional de Glaciares y refuerza la idea de que la protección de estas reservas constituye una cuestión de soberanía ambiental frente al avance del cambio climático.
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