Una nueva resolución judicial en el marco de la ley de financiamiento universitario estableció una sanción económica para el gobierno nacional si no cumple con la medida cautelar vigente. De esta manera, la actualización de salarios y becas deberá aplicarse antes del miércoles de la semana próxima.
El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, explicó que desde este martes corre un plazo de cinco días hábiles para aplicar lo previsto en los artículos 5 y 6 de la ley aprobada en 2025. Si el Poder Ejecutivo no lo hace, deberá afrontar una multa que crecerá con cada día de demora.
Bartolacci expresó su expectativa de que el gobierno cumpla con lo dispuesto y anticipó que en las próximas horas podría haber novedades sobre la actualización salarial y de las becas estudiantiles. En ese sentido, sostuvo que el Ministerio de Capital Humano debe convocar a una reunión paritaria para regularizar la situación.
Cuánto falta recomponer
Según el titular del CIN, los salarios universitarios acumulan un atraso del 34% respecto de lo que establece la ley 27.795. Esa diferencia surge de comparar la inflación oficial acumulada desde diciembre de 2023 con los aumentos otorgados durante ese período.
La situación es todavía más crítica en el caso de las becas. Bartolacci señaló que el mayor desfasaje se da en la beca Progresar, la que alcanza a más estudiantes, ya que no se actualiza desde septiembre de 2024. Ese incumplimiento afecta a unas 400.000 personas que cursan carreras de nivel superior en todo el país.
La orden del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 dispone el cobro de astreintes al Estado nacional si no paga los aumentos que fija la ley. Se trata de una sanción económica que aumenta por cada día de atraso en el cumplimiento de la resolución.
El rector de la UNR valoró el fallo tanto por su impacto en el sistema universitario como en el plano institucional, y consideró positivo que la Justicia se pronuncie en ese sentido. De todos modos, evitó hacer pronósticos frente a las reiteradas negativas del Ejecutivo a cumplir con la norma sancionada por el Congreso.
Qué establece la ley
La ley de financiamiento universitario dispone que los salarios del personal docente y no docente se actualicen en un porcentaje no inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). También obliga a convocar a paritarias al menos cada tres meses y establece que los aumentos a lo largo del año no pueden quedar por debajo de la inflación medida por el Indec.
En cuanto a las becas estudiantiles, la norma exige recomponer los montos de los distintos programas según la inflación acumulada desde diciembre de 2023. La nueva decisión judicial apunta a acelerar el cumplimiento de estos puntos, después de meses de presentaciones, apelaciones y negociaciones entre el gobierno, las universidades y los gremios.
El recorrido judicial
El conflicto llegó a los tribunales a partir de un amparo colectivo impulsado por el CIN y distintas universidades nacionales. En diciembre pasado, el juez Martín Cormick dictó una primera medida cautelar contra el decreto 759/2025, mediante el cual el gobierno había condicionado la aplicación de la ley a la identificación de fuentes de financiamiento específicas.
Luego, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa medida. El tribunal entendió que el Estado no había logrado rebatir los argumentos de las universidades y advirtió sobre las consecuencias que el deterioro salarial podía tener en el funcionamiento del sistema universitario. Durante 2026 el conflicto continuó. Aun después de los distintos fallos, los sindicatos universitarios siguieron denunciando que los artículos referidos a salarios y becas no se habían aplicado de forma completa.
El gobierno llegó a la Corte Suprema
El Poder Ejecutivo intentó cambiar el rumbo de la causa con diversos planteos. Entre ellos, recusó a magistrados que intervenían en el expediente y objetó la participación de los integrantes de la Corte Suprema, con el argumento de que ejercen la docencia universitaria.
Finalmente, el 25 de junio, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario del gobierno por entender que aún no existía una sentencia definitiva. Así, la cautelar siguió vigente y la causa volvió al juzgado de Cormick para avanzar con su ejecución.
El acuerdo de junio y las diferencias
En paralelo, el gobierno buscó una salida negociada. El 10 de junio, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y los gremios docentes y no docentes firmaron un acta que incluía un aumento del 24,33% en la masa salarial, una mejora del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios.
El entendimiento también contemplaba una actualización del 50% en las becas Manuel Belgrano desde junio y fijaba un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para continuar la negociación paritaria.
Para el Ejecutivo, ese acuerdo daba por cumplidos en lo sustancial los artículos 5 y 6 de la ley. Las universidades no coincidieron: el CIN sostuvo que el acta no cubría todas las obligaciones previstas por la norma y recordó que, al firmarla, el propio gobierno había dejado en claro que no implicaba renunciar a su postura en la causa judicial.
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