El Gobierno de la provincia de Santa Fe presentó este jueves, en la Sede de Gobierno de Rosario, el proyecto de ley de «Prevención, protección y gestión integral del riesgo frente a la violencia de género». La iniciativa fue elaborada de manera conjunta por los ministerios de Justicia y Seguridad y de Igualdad y Desarrollo Humano, y será elevada por el Poder Ejecutivo a la Legislatura provincial para su tratamiento.
El proyecto busca fortalecer las políticas de prevención y protección frente a las violencias por razones de género, a partir de un abordaje integral que permita anticipar situaciones de riesgo, mejorar las herramientas de intervención judicial y articular las acciones de los distintos organismos del Estado.
«Una política de segundo nivel»
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que la iniciativa constituye un nuevo nivel en la política de seguridad provincial: «En un primer momento de la gestión, el objetivo era abordar de manera global y con herramientas más tradicionales la violencia en todos sus niveles», indicó, y recordó que la provincia llegó a tener una tasa de homicidios tres veces y media superior a la de provincias similares y a la media nacional.
Según el funcionario, ese indicador ya cedió y eso permitió avanzar hacia una nueva etapa: «Esto que estamos presentando hoy presupone que ya se han abordado un conjunto de medidas previas y básicas en la política de seguridad», señaló, en referencia al patrullaje preventivo, el sistema de emergencias 911 y el análisis criminal.
Cococcioni también mencionó como antecedente la adquisición de tobilleras duales para medidas de distancia, que comenzaron a llegar a fines de 2025, y la mesa de implementación conformada entre distintas áreas a partir de ese proceso. En ese ámbito, y en reuniones con jueces y juezas de familia, surgieron problemas de diseño normativo y la necesidad de contar con herramientas específicas para evaluar el riesgo en cada caso. Esas cuestiones, indicó el ministro, quedaron receptadas en el nuevo proyecto, que responde a una decisión del gobernador de avanzar con una iniciativa «osada, fuerte, y que dé una respuesta integral a la problemática».
Un sistema de medidas escalonadas
El proyecto, de más de 90 artículos, propone pasar del análisis de un hecho aislado a una política de gestión del riesgo, a través de lo que el ministro definió como un «sistema de escalonamiento cautelar». Ante una situación de violencia de género, el tribunal contará con una gama de medidas de intensidad creciente: desde reglas de conducta y el acceso de la víctima a una aplicación tipo botón de pánico para contactar a los servicios de emergencia, hasta restricciones digitales.
Para los casos de riesgo crítico se prevén medidas más fuertes, como el desarme del agresor cuando posea un arma de fuego y la colocación de una tobillera electrónica. En caso de incumplimiento de las órdenes judiciales, el proyecto habilita al juez o jueza a aplicar un arresto conminatorio, una herramienta que, según explicó Cococcioni, es poco frecuente en la justicia no penal: «Es una medida particularmente fuerte porque no es frecuente que en la justicia no penal aparezcan medidas privativas de libertad», señaló.
Los incumplimientos, además, quedarán registrados de manera acumulativa y se utilizarán como uno de los factores para evaluar el riesgo en cada situación. El proyecto también crea un equipo interdisciplinario con la facultad de asesorar a los magistrados, emitir opiniones fundadas sobre cada caso y proponer una modalidad específica de intervención.
Reducir las cargas sobre la víctima
Según remarcó el ministro, el hilo conductor del proyecto es reducir las cargas que las situaciones de violencia de género proyectan sobre la víctima, incluidas las que hoy genera el propio Estado. En ese sentido, la iniciativa establece un diseño procesal diferenciado regido por el principio de actuación de oficio: ninguna comisaría u organismo receptor podrá negarse a tomar una denuncia por razones de jurisdicción, y deberá luego ponerla en conocimiento del órgano competente.
El proyecto también consagra la regla de competencia judicial universal, por la cual, ante una situación de urgencia, cualquier tribunal —laboral, contencioso, de circuito o de responsabilidad extracontractual— estará habilitado para adoptar medidas urgentes, sin poder derivar a la víctima a otro fuero. El contradictorio, en tanto, queda diferido: primero se disponen las medidas cautelares y luego se habilita el derecho de defensa de la persona denunciada.
Cococcioni también cuestionó el funcionamiento actual del sistema, en el que muchas veces es la propia víctima quien debe trasladar la notificación de las medidas hasta el domicilio o el trabajo del agresor: «El Estado tiene que empezar a hacer su trabajo de manera integral y no cargar a la propia persona que sufre violencia con estas actividades adicionales», afirmó. Con el nuevo esquema, las medidas regirán de manera inmediata y no requerirán notificación previa para entrar en vigencia.
Otro de los puntos del proyecto apunta a reducir la carga tecnológica sobre la víctima, de manera que sea el agresor quien deba gestionar los dispositivos de control. Además, el tribunal que reciba el caso tendrá facultades ampliadas para resolver de manera integral la situación de la persona afectada —incluidos alimentos, vivienda y régimen de comunicación con los hijos—, sin necesidad de derivarla a otro juzgado.
“Con este proyecto se apunta a que, frente a la violencia por motivos de género, la respuesta del Estado sea integral y sea una sola”, concluyó el funcionario.
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