La nueva actualización de aranceles establece que los centros de día con jornada doble pasarán a cobrar $1.058.791,92, frente a los $1.037.014,61 anteriores, mientras que la jornada simple subirá de $551.687,35 a $563.272,78. Los centros educativos terapéuticos, por su parte, recibirán $1.189.351,59 por jornada doble y $649.532,62 por jornada simple.
En cuanto a otras prestaciones, las terapias de estimulación temprana contarán con una cobertura de $399.052,42. La rehabilitación en modalidad de módulo integral intensivo tendrá un valor de $173.795,66, y la que incluya hospitalización de día en jornada simple ascenderá a $624.939,96. Además, se fijó un valor de $865,07 por kilómetro de transporte y $4.740,29 en concepto de alimentación.
Esta actualización se produce en un contexto de creciente malestar entre beneficiarios, familias y prestadores, quienes reclaman que la Ley de Emergencia en Discapacidad —aprobada por el Congreso el año pasado— aún no ha sido implementada.
En ese marco, a mediados de abril el Gobierno presentó el proyecto «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», impulsado tras investigaciones por el presunto pago de coimas a prestadores y la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La iniciativa propone derogar varios artículos de la legislación vigente, lo que implicaría una reducción del alcance de la asistencia estatal y un retorno al esquema previo a la declaración de emergencia.
Entre los cambios más relevantes, el proyecto endurece los requisitos para acceder a las pensiones por invalidez y establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. Ante inconsistencias detectadas durante ese proceso, se prevé la suspensión preventiva del beneficio, con garantía del derecho a defensa y al debido proceso. El incumplimiento de los plazos o requisitos derivaría en la baja definitiva de la pensión.
El texto también propone fijar el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, eliminando la facultad del Poder Ejecutivo de otorgar incrementos por invalidez laboral o por residencia en zonas desfavorables. Además, introduce el concepto de «incompatibilidad absoluta» con cualquier empleo formal: de aprobarse, las personas con discapacidad que accedan a un trabajo registrado perderían automáticamente la pensión. En el mismo sentido, quedarían eliminados los incentivos destinados a empresas y organizaciones que contraten a este colectivo.
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