El Gobierno de Javier Milei retoma el impulso de su agenda de desregulación económica con un nuevo paquete de proyectos, entre los que se incluye una iniciativa para modificar la Ley del Libro y derogar la Ley de Protección a la Actividad Librera, las normas que fijan un precio único de venta para los libros en todo el país y regulan el funcionamiento del sector cultural.
El anteproyecto fue elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y forma parte de un plan más amplio que apunta a modificar y derogar decenas de leyes y cientos de artículos, entre ellas la ley 25.542, sancionada en 2001.
Frente a este escenario, libreros, editoriales y cámaras del sector se manifestaron en contra, argumentando que estas normas garantizan la supervivencia de las librerías independientes y evitan que el mercado editorial se concentre en pocos actores, al sostener un precio uniforme para la venta de libros en todo el territorio nacional.
Desde la Cámara Argentina del Libro rechazaron el proyecto y defendieron el sistema de precio único. En un comunicado, señalaron que se trata de «la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes de barrio» frente a la concentración del mercado. La entidad también sostuvo que este marco normativo garantiza el acceso federal a la lectura y preserva la bibliodiversidad del país, y cerró su mensaje con un llamado a «Defendamos la Ley del Libro».
Distintas editoriales acompañaron este reclamo a través de sus redes. Desde Corregidor remarcaron que, gracias a esta ley, «librerías independientes, editoriales y lectores forman parte de un ecosistema cultural diverso y federal». Por su parte, desde Homo Sapiens advirtieron que estas leyes regulan y protegen a todo el ecosistema cultural sin generarle ningún costo al Estado, por lo que su eliminación no implicaría un ahorro, sino «un ataque directo a nuestra identidad» que derivaría en un monopolio y un perjuicio para la cultura.
El proyecto oficial también propone modificar la Ley de Fomento del Libro y la Lectura, trasladar la autoridad de aplicación a la Secretaría de Cultura y eliminar dos normas históricas: la Ley 23.316, referida a la industria del doblaje, y la propia Ley 25.542 —conocida como ley de precio uniforme del libro—, cuya derogación habilitaría mayor libertad comercial en la comercialización de publicaciones.
En la misma línea, se derogaría el artículo 6 de la Ley 20.305, que exige la traducción al castellano de las publicaciones, salvo excepciones justificadas por razones técnicas, jurídicas o por compromisos internacionales asumidos por el país.
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