La Justicia Federal en lo Penal Económico recibió este lunes una denuncia penal contra directivos, administradores y representantes legales de varias compañías pesqueras internacionales y sus sociedades mixtas asociadas, que explotan recursos vivos marinos en el mar argentino mediante autorizaciones emitidas por las autoridades británicas que ocupan las Islas Malvinas.
La presentación quedó a cargo de los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano, quienes sostuvieron que estas actividades afectan de manera directa la soberanía del Estado nacional, el control aduanero y los recursos naturales ubicados dentro de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La causa quedó radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 7, a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway.
Las empresas señaladas
La denuncia individualizó a varias corporaciones de origen español, en particular de la región de Galicia, que operarían junto a sociedades mixtas constituidas en Malvinas bajo licencias británicas que los denunciantes consideran ilegales:
- Lanzal, vinculada a la sociedad Petrel Fishing Company Ltd., con el buque Monteferro como unidad principal bajo registro de las islas.
- Grupo Pereira, asociado a Argos Group Ltd., con las embarcaciones Argos Cíes y Argos Berbés.
- Pescapuerta, relacionada con South Atlantic Squid, con los buques Falcon, Prion y Robin M. Lee.
- Copemar, también vinculada a South Atlantic Squid, con el barco Hadassa Bay, que reemplazó al Baffin Bay.
- Ferralmes, asociada a Castelo Fishing Co., cuyo buque principal es el Castelo.
- Hermanos Touza, en sociedad con Beaufort Fishing Ltd., con la embarcación homónima Hermanos Touza.
- Moradiña, vinculada a Polar Ltd., que opera el buque New Polar, con base en Playa de Sartaxens y bajo banderas de España y de las islas.
Contrabando y evasión de controles
Según el escrito judicial, las maniobras configurarían el delito de contrabando a través de dos conductas. La primera es la evasión del control aduanero: las firmas extraerían la riqueza pesquera del territorio nacional para luego exportar, realizar trasbordos en alta mar o descargar directamente en el puerto de Puerto Argentino o en terminales de terceros países, sin someterse a la fiscalización argentina.
La segunda conducta señalada es la existencia de clandestinidad y engaño: al ampararse en permisos otorgados por una potencia ocupante de facto, las empresas aplicarían un ardid para impedir que la aduana argentina controle las mercaderías, evitando así el pago de derechos de exportación y el cumplimiento de los regímenes cambiarios vigentes en el país.
Los denunciantes encuadraron estos hechos en los artículos 863, 864 (inciso a) y 865 del Código Aduanero de la Nación. El artículo 863 sanciona los actos que dificultan o impiden el control aduanero sobre la extracción de mercaderías; el 864 penaliza la exportación clandestina; y el 865 fue invocado por las agravantes vinculadas a la afectación patrimonial del Estado, la participación organizada de tres o más personas y el uso de transporte marítimo para eludir a autoridades como la Prefectura Naval Argentina y la Aduana.
Piden investigar a funcionarios públicos
La presentación también solicitó abrir una investigación para determinar si hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de autoridades nacionales, por una posible omisión de tareas de vigilancia y patrullaje, y por la falta de acciones para sancionar estas conductas y perseguir el cobro de derechos aduaneros y multas.
Para avanzar con la causa, los abogados propusieron que el juzgado libre oficios a distintos organismos: a la Prefectura Naval Argentina y al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), para obtener reportes de avistamiento e identificación de las flotas señaladas u otras que operen en el Atlántico Sur sin autorización argentina; a la Dirección General de Aduanas, para constatar si las empresas registraron exportaciones o pagaron aranceles por las capturas en la zona en disputa; y a la Inspección General de Justicia, para verificar los vínculos comerciales, filiales y activos que estas compañías tienen en el territorio continental argentino.
Una causa paralela por hidrocarburos
En simultáneo, en el Juzgado Federal N° 12 de Comodoro Py tramitan las denuncias presentadas por la Cancillería por actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, en las que el Gobierno identificó a 27 empresarios, ejecutivos y directivos vinculados a compañías petroleras. Los escritos más recientes incorporaron a la investigación a Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited, y profundizaron la pesquisa sobre personas vinculadas a Navitas Petroleum Limited Partnership, Navitas Petroleum Development & Production Limited y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
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