La prohibición de los cuidacoches ya empezó a discutirse en el Concejo, y los primeros posicionamientos muestran que el tema no será sencillo. Durante una reunión de la comisión de Obras Públicas, los ediles comenzaron a analizar el mensaje de la Intendencia que propone adherir a la ley provincial N.º 14.486, que prohíbe cuidar vehículos en la vía pública a cambio de dinero.
El debate dejó expuestas las diferencias entre los bloques, sobre todo porque la norma provincial todavía no fue reglamentada. Por esa razón quedó en duda si esta semana se convoca a una reunión conjunta con las comisiones de Gobierno y de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Las dos posturas en el Concejo
Parte de la oposición planteó que el cuerpo tiene otros proyectos relevantes en agenda, como la habilitación de las aplicaciones de transporte de pasajeros. A eso sumó que la falta de reglamentación de la ley provincial es, a su criterio, un paso clave para saber cómo se aplicará la medida en la práctica, por lo que preferirían esperarla antes de avanzar.
Desde Unidos, en cambio, sostuvieron que no hace falta aguardar esa definición. Según su mirada, el mensaje del Ejecutivo tiene muchos aspectos que deben analizarse en detalle, y cuanto antes empiece ese trabajo, mejor.
Qué propone la Municipalidad
A través del mensaje 91/26, el Ejecutivo envió un anteproyecto de ordenanza para sumarse a la ley provincial. La iniciativa prohíbe ofrecer lugares para estacionar en la calle y realizar tareas de guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos a cambio de dinero o de cualquier otro beneficio. La prohibición alcanza incluso a los casos en que el pago es voluntario, es decir, la clásica “colaboración” que deja el conductor.
El texto también faculta al Departamento Ejecutivo a fijar excepciones para ciertos sectores y circunstancias. Además, propone cambios en el Código de Convivencia Ciudadana para incorporar sanciones que van desde multas hasta tareas educativas y de concientización, e incluso el decomiso de elementos.
Las penas serían más severas en tres situaciones: cuando la actividad venga acompañada de violencia o amenazas, cuando se realice en zonas específicas o cuando se compruebe la participación de organizadores. Con esto, el proyecto apunta a diferenciar a quien cuida autos por su cuenta de las estructuras que manejan la actividad.
El eje social del proyecto
Más allá de las sanciones, la propuesta incluye un capítulo de prevención e inclusión social, con coordinación junto al gobierno provincial para generar alternativas laborales para quienes hoy viven de esta tarea. Entre las opciones se mencionan la capacitación en oficios, el acceso a programas de empleo, el acompañamiento a emprendimientos productivos y la posibilidad de terminar los estudios.
La iniciativa prevé también facilitar el acceso a dispositivos de atención de la salud mental y de consumos problemáticos, un punto que busca abordar situaciones de vulnerabilidad detrás de la actividad.
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