Cristina Kirchner publicó este miércoles una columna de opinión en medios internacionales —entre ellos El País de España y Libération de Francia— en la que reafirmó su inocencia y cuestionó la condena que la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos. En simultáneo, confirmó una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). En sus redes sociales difundió el mismo texto bajo el título «Carta abierta: El costo democrático de la politización de la justicia».
La exvicepresidenta construyó así una denuncia de tres capas —política, judicial y de derechos humanos—: sostuvo que la condena en la causa Vialidad busca su proscripción perpetua, que esa exclusión vulnera el derecho del electorado a elegir a sus representantes, y confirmó que ya presentó una comunicación individual ante el organismo de la ONU para llevar el caso fuera del país.
Para esta nueva etapa, su defensa sumó a dos juristas extranjeros: el brasileño Rafael Valim, vinculado al equipo legal de Lula da Silva, y el español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos participaron, junto a Alberto Beraldi, de una conferencia de prensa en el NH Hotel del microcentro porteño. CFK también recordó que, tras el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022, un grupo de juristas internacionales ya había denunciado irregularidades en su contra.
Kirchner, que cumple arresto domiciliario en Buenos Aires tras ser condenada a seis años de prisión, abrió su columna con una advertencia sobre el rol de la Justicia en democracia: «Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido».
Calificó su inhabilitación perpetua como una forma de «proscripción», y la definió como una de las formas más sofisticadas de erosión democrática actual, señalando que —a diferencia de un golpe de Estado clásico— las instituciones siguen funcionando en apariencia mientras el espacio de decisión popular es reemplazado, poco a poco, por fallos judiciales.
En otro tramo, planteó que su caso no debe leerse como una simple serie de errores judiciales: habló de «graves violaciones de derechos humanos» originadas en un «machismo estructural» que —según afirmó— todavía persiste en sectores del sistema judicial argentino. Kirchner fue más allá de su situación personal y sostuvo que lo que está en juego es el derecho político de cada ciudadano a elegir libremente a sus representantes, no solo su propia causa.
La comunicación ante el organismo con sede en Ginebra —integrado por 18 expertos independientes— deberá superar primero un examen de admisibilidad. Si lo logra, la ONU podrá pedir información al Estado argentino antes de expedirse sobre el fondo del reclamo; sus conclusiones tienen carácter de recomendación, no de orden vinculante.
Vale recordar que la condena de Kirchner fue dictada por el Tribunal Oral Federal N°2, confirmada por Casación en noviembre de 2024 y quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos de la defensa. El 2 de julio de 2026, el máximo tribunal también confirmó un decomiso de $684.990 millones contra Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados.
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