El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe dictó sentencia en un caso que expone la corrupción estructural dentro de las fuerzas de seguridad. El empresario Juan Suris, conocido por sus vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero, fue condenado a dos años de prisión efectiva por sobornar a altos mandos de la Policía Federal Argentina (PFA) a cambio de un trato preferencial durante su detención.
La resolución, firmada por el juez José María Escobar Cello, también alcanzó al comisario Guillermo Gabriel Gallo y al subcomisario Leonardo Rafael Benítez, quienes recibieron penas de dos y tres años de prisión, respectivamente. Ambos quedaron inhabilitados de forma perpetua para ejercer cargos públicos en fuerzas de seguridad.
La investigación, impulsada por el fiscal Walter Rodríguez tras una denuncia anónima en enero de 2024, reveló que Suris no vivía como un interno común. Según el expediente, el empresario pagaba semanalmente grandes sumas en pesos y dólares para transformar su estadía en la delegación santafesina en una experiencia de lujo.
Entre los beneficios probados se encontraban:
Acceso ilimitado: Uso de teléfonos celulares y electrodomésticos en su celda.
Gastronomía VIP: Pedidos constantes de delivery (incluyendo cadenas de comida rápida), asados y picadas compartidas con los oficiales.
Sin controles: Régimen de visitas sin restricciones y acceso a sectores exclusivos del personal policial.
«El detenido disponía a su voluntad tanto de las instalaciones como del servicio de sus agentes», detalla el fallo, subrayando que el personal subalterno se refería a Suris como el «tercer comandante» de la unidad.
Suris se encontraba alojado en la capital provincial luego de que la Justicia de Bahía Blanca unificara penas previas por comercio de estupefacientes y asociación ilícita, totalizando una condena de 8 años de prisión.
El magistrado fue contundente al señalar que los jefes policiales «desnaturalizaron la jerarquía de la institución», permitiendo que un recluso de alta peligrosidad tomara café en sus oficinas y se comportara, en palabras de los testigos, como un «inquilino» más que como un condenado.
Con este nuevo revés judicial, Suris suma un antecedente que complica su situación procesal, mientras que la delegación de la PFA en Santa Fe enfrenta uno de sus mayores escándalos de connivencia criminal en los últimos años.
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