La Justicia Federal de Rosario condenó este lunes a Giselle Sullivan y Alida Andrea Ortigala —hermana de la testigo protegida y detenida Mariana Ortigala— por haber ocultado y facilitado la estadía de un vendedor de drogas prófugo. Ambas mujeres recibieron una pena de tres años de prisión de ejecución condicional tras admitir su culpabilidad en un juicio abreviado por el delito de encubrimiento agravado.
La investigación, encabezada por los fiscales federales Franco Benetti y Santiago Alberdi, demostró que las imputadas gestionaron al menos cinco inmuebles en Rosario, Roldán y Granadero Baigorria para Maximiliano Ortigoza. El hombre era buscado por juzgados federales de San Nicolás y Villa María por comercio de estupefacientes.
De las pericias telefónicas surgió una evidencia clave: Ortigala y Sullivan sabían perfectamente que Ortigoza era un fugitivo. En uno de los chats hallados, el propio narco se jactaba de su habilidad para evadir controles:
«Soy inteligente, por algo me dicen Spiderman que me escapo de los edificios», le escribió Ortigoza a Andrea Ortigala en mayo de 2023.
Para evitar que el nombre de Ortigoza saltara en las búsquedas de Google —donde ya figuraba como prófugo—, las mujeres montaron una estructura de subalquileres fraudulentos:
Contratos «fantasma»: Utilizaban a terceros o familiares para firmar los contratos.
Uso de familiares: Alida Ortigala llegó a poner un departamento en Puerto Norte a nombre de su propia hija, alegando ante la inmobiliaria que era para que la joven viviera allí.
Advertencias explícitas: En los audios secuestrados, Ortigala le advertía al dealer que las personas que firmaran no debían tener «nada en el Google» que levantara sospechas.
Ortigoza fue finalmente capturado el 1 de octubre de 2024 en un complejo de Puerto Norte. Al allanar su domicilio, la Policía de Investigaciones (PDI) descubrió una «cocina» amateur de cocaína, con envoltorios listos para la venta, acetona y elementos de estiramiento.
Los fiscales fueron contundentes: las mujeres no solo ayudaron a un prófugo a esconderse, sino que le permitieron seguir operando su negocio narco mientras obtenían un beneficio económico por ello. Además de la pena de prisión, el juez Eduardo Rodrígues Da Cruz les prohibió salir del país por un plazo de dos años.
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