La cifra de fallecidos entre quienes intentaron alcanzar por vía marítima el enclave español de Ceuta, en el norte de África, llegó este viernes a 57. En paralelo, cerca de 37.500 migrantes ya volvieron a Marruecos —muchos por decisión propia, según fuentes oficiales—, lo que marcó una desescalada acelerada de una de las mayores crisis migratorias irregulares registradas en la frontera sur española.
Según cálculos del Ejecutivo español, unas 50.000 personas ingresaron a Ceuta durante el pico de la crisis, una cifra que superó ampliamente la capacidad de acogida de la ciudad y obligó a reforzar la zona con más agentes de la Policía Nacional, efectivos de la Guardia Civil y tropas militares.
Varios de los migrantes que regresaron a territorio marroquí relataron a la prensa que esperaban recibir alojamiento al llegar a España, pero se toparon con centros de recepción desbordados y escasas posibilidades de permanecer en el enclave.
Por su parte, la Comisión Europea manifestó su disposición a brindar respaldo adicional a España, incluido un eventual refuerzo de Frontex si así lo solicita Madrid. La institución comunitaria indicó además que mantiene diálogo permanente con las autoridades marroquíes para reforzar el control fronterizo y evitar nuevos ingresos irregulares, remarcando que la protección de las fronteras externas de la UE constituye un pilar central del Pacto sobre Migración y Asilo.
Pese a la fuerte baja en los cruces, las fuerzas de seguridad españolas continúan en máxima alerta en la frontera ceutí y siguen coordinando acciones con Marruecos para evitar nuevas llegadas masivas.
El presidente Pedro Sánchez recorrió Ceuta este viernes acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y calificó lo sucedido como «una violación de la integridad territorial de España». En esa visita, anunció nuevas medidas de seguridad fronteriza, entre ellas la colocación de un sistema de boyas cerca del espigón de El Tarajal para bloquear futuros cruces por mar.
Sánchez adelantó también que el Gobierno agilizará los procesos de identificación y devolución de quienes ingresaron de manera irregular, agradeció la colaboración marroquí en materia de control fronterizo y repatriaciones, y prometió intensificar la lucha contra las redes de tráfico de personas.
Como parte del operativo, se desplegaron refuerzos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas en la ciudad, mientras sus centros de acogida siguen bajo fuerte presión.
El episodio también generó fricciones diplomáticas dentro de la Unión Europea: la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, junto al canciller Antonio Tajani, sugirieron evaluar la suspensión de España del espacio Schengen por considerar insuficiente el resguardo de la frontera exterior comunitaria, postura que luego respaldó Finlandia. Como respuesta, el canciller español José Manuel Albares citó al embajador italiano en Madrid para expresar el rechazo formal de su Gobierno.
Con el ingreso de unas 50.000 personas, este episodio pasó a ser una de las mayores entradas irregulares registradas en la historia de Ceuta.
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